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Rompe récord abusos de autoridad en Nuevo León

Desde Consejo Cívico demandamos mayor transparencia de la Procuraduría de Justicia sobre los casos reportados este año…

Foto: picjumbo.com 

Las denuncias por abuso de autoridad se han incrementado en un 156% de enero a septiembre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 de acuerdo con los casos registrados por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.

El pasado fin de semana trascendió, en medios de comunicación locales, la detención e internamiento, en el Penal del Topo Chico, de cuatro policías de García por el homicidio de una persona de 19 años luego de que fuera detenido el 6 de octubre pasado en su domicilio

El caso ha tomado relevancia ya que el delito se ha triplicado durante los meses transcurridos del presente año; un total de 1,509, frente a los 589 reportados por las propias autoridades durante el 2016.

A través del reporte abril-junio 2017 del Observatorio Ciudadano de Nuevo León (OCNL), por parte de Consejo Cívico, Canaco Monterrey, Coparmex Nuevo León y Caintra Nuevo León, se cuestionó a las autoridades sobre el crecimiento sostenido del abuso de autoridad.

Y es que después de un proceso de 8 años de implementación del sistema penal acusatorio, también se hace evidente la poca preparación de los primeros respondientes, en este caso, los policías municipales.

El abuso de autoridad se torna delicado, por un lado, ya que en la mayoría de los casos implican la violación de derechos del detenido. Mientras que en el caso del funcionario de seguridad pública que incurre en ello, implica que posteriormente el proceso penal contra el presunto responsable se vea desechado por los jueces, lo que resulta en una mayor dificultad para impartir justicia.

Desde Consejo Cívico demandamos mayor transparencia de la Procuraduría de Justicia sobre los casos reportados este año, para conocer a fondo la problemática, y a las corporaciones de seguridad pública municipal que implementen protocolos de actuación que conduzcan a un mayor control y disciplina al interior de los cuerpos de policía, y mayor capacitación en derechos humanos del personal.


Tres casos más difundidos

23 de octubre de 2017. La detención de 4 policías municipales se da 16 días después del asesinato de Jorge Alberto Cuadros Herrera, de 19 años, cometido la noche del 6 de octubre afuera de su casa en la Colonia Urbivilla del Prado, en García.

03 de marzo de 2017. Al menos 10 policías de Guadalupe golpearon a un joven de 25 años, en la Colonia Niños Héroes, que está al norte del cruce de Pablo Livas e Israel Cavazos, al oriente del municipio.

29 de marzo de 2017. Tres jóvenes denuncian, a través de un video, haber sido golpeados por policías de Monterrey tras ser sometidos a una revisión, en la Colonia Terminal, en el cruce de Félix U. Gómez y Pedro Noriega.

 

 

Comunicado ante la remoción de Santiago Nieto como titular de la FEPADE

Nos preocupa porque esto se da en justo cuando en  Nuevo Léon se discute el proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

La inesperada remoción de Santiago Nieto, quien fue ratificado por el Senado de la República el 19 de febrero de 2015 con 95 votos a favor y una abstención como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), resulta extremadamente preocupante. La decisión se da en un contexto de debilidad institucional en el que la Procuraduría General de la República carece de titular, el Fiscal Anticorrupción no ha sido nombrado y las iniciativas de reforma constitucional para lograr una Fiscalía General autónoma e independiente han sido ignoradas por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso.

Es por todos conocido que la FEPADE no sólo investigaba el caso Odebrecht sino otros episodios sensibles, como los de funcionarios públicos de Chihuahua, a los que el exgobernador César Duarte les retenía parte del salario para ser entregado a su partido político, o la relación de OHL con posibles delitos electorales. Ya en noviembre de 2015 se abrió una averiguación previa en contra del Dr. Santiago Nieto luego de que éste solicitara una orden de aprehensión en contra del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB –Arturo Escobar– por delitos electorales.

Inquieta y es absolutamente insuficiente que la explicación ofrecida por el encargado de despacho de la PGR sea que el “servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, particularmente, cuando la última noticia que tuvimos del ahora exfiscal fue su posicionamiento respecto a que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le había pedido un pronunciamiento público sobre su inocencia en el caso Odebrecht. La declaración del depuesto funcionario fue que “esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave”.

La remoción se suma a una lista de acciones que han venido vulnerando a las instituciones de procuración e impartición de justicia y cuyo funcionamiento queda comprometido de cara a las elecciones de 2018. Es particularmente preocupante que ocurra a unos días de haber iniciado el proceso electoral ya que la ausencia del titular de la FEPADE pone en riesgo la persecución de los delitos como el uso ilegal de recursos para gastos de campaña o la compra del voto. En un sistema democrático, un ente de tal naturaleza no sólo debe tener capacidades efectivas, sino autonomía e independencia.

En ausencia de una explicación creíble respecto a su remoción, no queda más que concluir que la FEPADE es una víctima más de la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia que caracterizan a las instancias de procuración y administración de justicia de este país.

Finalmente, preocupa que la remoción del titular de la FEPADE sea constitucionalmente cuestionable, se dé en un contexto de desconfianza profunda hacia las instituciones y a las autoridades y en un ambiente político enrarecido por ataques a la libertad de expresión y embates a las organizaciones de la sociedad civil que han venido exigiendo transparencia y rendición de cuentas.

En el caso particular de Nuevo León, las organizaciones civiles que hemos impulsado iniciativas ciudadanas para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción nos encontramos igualmente preocupadas porque lo acontecido con el titular de la FEPADE se da en justo cuando en el estado se discute el proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Nuestro llamado es al Congreso local y a los actores involucrados a cuidar y definir con claridad situaciones que desemboquen en la remoción de un fiscal y así garantizar mecanismos para que casos como estos no sucedan en Nuevo León, de tal manera que se consolide una Fiscalía que sirva y garantice el acceso real a la justicia.

Expresamos nuestra preocupación ante la vulneración de las capacidades institucionales y principios democráticos, exigimos una explicación clara sobre los motivos del despido del Dr. Santiago Nieto y también exigimos que el Senado se pronuncie sobre el caso y, en su caso, utilice su facultad de objetar la remoción en los próximos 10 días.

#VamosPorMás
#FiscalíaQueSirva
Causa en Común
Centro de Estudios Espinosa Yglesias
Cencos
Coparmex
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
México Evalúa
Transparencia Mexicana
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
México Unido Contra la Delincuencia
FUUNDEC
FUNDEM
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Coalición Anticorrupción
César Astudillo
Eduardo Bohórquez
Jesús Cantú
Enrique Cárdenas
María Amparo Casar
Hugo Concha Cantú
Gustavo De Hoyo
Rodolfo De la Torre
Héctor De Mauleón
Marcelo Delajara
Enrique Díaz Infante
María Fernanda Diez Torres
Marco Fernández
Imer B. Flores
Claudio X. González Guajardo
José Antonio Hernández Company
Edna Jaime
Sergio López Ayllón
Lourdes Morales
María Elena Morera
Juan Pardinas
Susana T. Pedroza
Haydée Pérez
Rafael Pérez Gay
Jacqueline Peschard
José Roldán Xopa
Pedro Salazar
Roberto Vélez Grajales
Héctor Villarreal
Héctor Aguilar Camín
Miguel Flores
Martha Ochman
Alejandra Ríos
Jorge Javier Romero
Guadalupe Salmorán
Eliana García
Alfredo Lecona
Ernesto López Portillo
Miguel Sarre
Pedro Torres
María Marván
Marieclarie Acosta
Javier Aparicio

Solución a la crisis penitenciaria debe de ser integral

Coincidimos en la exigencia de solucionar la crisis penitenciaria como parte de un plan integral para garantizar la paz y la justicia en Nuevo León.

Foto: sdpnoticias

Monterrey, Nuevo León, a 20 de octubre de 2017. Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben este comunicado coincidimos en la exigencia de solucionar la crisis penitenciaria como parte de un plan integral para garantizar la paz y la justicia en Nuevo León.

En marzo de 2015, Jaime Rodríguez Calderón firmó y se comprometió ante Renace y otras organizaciones civiles a cumplir 10 compromisos, que permitan una transformación integral del sistema penitenciario, buscando asimismo la reinserción social.

Los repetidos hechos violentos en los penales, y la situación crítica de los internos en lo cotidiano, comprueban el poco avance en el cumplimiento de esta agenda de acuerdos firmados en campaña. Por lo mismo, reiteramos que es indispensable atender el hacinamiento y la sobrepoblación, así como mejorar las condiciones materiales y de higiene de los internos; resolver el déficit de custodios y garantizar programas de reintegración.

Se ha hecho evidente además, la ausencia de protocolos de intervención en situaciones violentas, y el poco entrenamiento de los encargados de garantizar la seguridad interna. Por lo tanto, emitimos las siguientes demandas:

Pedimos a los funcionarios responsables por Ley de la atención penitenciaria en el estado, que respondan directamente por los hechos suscitados en el Penal de Cadereyta.

Pedimos al Estado que informe de manera transparente sobre el número de decesos, y lesionados a la fecha, así como sus condiciones de salud.

Los reportes de las asociaciones y Comisión Estatal de los Derechos Humanos apuntan a la urgencia de una atención médica y psicológica a los internos lesionados al interior del Penal de Cadereyta.

Por ser garantes de los derechos básicos de las personas recluidas en los penales, es necesario que las autoridades provean del debido acompañamiento a quienes perdieron a un familiar en los hechos, así como la reparación del daño apegadas a la Ley General de Víctimas.

Pedimos al gobierno en turno la presentación de un plan de trabajo con ruta crítica clara para atender la problemática de los penales y contar con soluciones sostenibles en el largo plazo, para evitar que se sigan repitiendo estas situaciones. Que este plan se establezca con el acompañamiento de las organizaciones civiles que llevan años trabajando con los internos, y conocen la problemática de los penales, pero también con las autoridades federales que tienen una responsabilidad en este asunto.

Asimismo, las organizaciones que firmamos este posicionamiento instamos a las autoridades de Nuevo León a deslindar responsabilidades a través de una investigación objetiva y seria sobre los hechos violentos en el Penal de Cadereyta, siempre apegadas a derecho.

SUSCRIBEN:

❍ Consejo Cívico

❍ Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac)

❍ RENACE ABP

❍ Avance por los Derechos de México AC

❍ Familia Digna AC

Ponen sobre la mesa nacional avances contra la corrupción

Consejo Cívico presenta en CDMX los logros e innovaciones que se han tenido en el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León

Como parte de los esfuerzos contra la corrupción desde la sociedad civil organizada, Consejo Cívico se reunió este martes con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la Ciudad de México.

En el encuentro estuvieron presentes Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta y Alfonso Hernández, miembros del Comité, así como representantes de las organizaciones civiles Consejo Cívico de Nuevo León, Consejo Cívico de Coahuila, el Observatorio Ciudadano de Querétaro y el Instituto Republicano Internacional (IRI).

Durante sus intervenciones, Sandrine Molinard, Luis García, Alfonso Martínez y Jimena Escalante, de Consejo Cívico, mostraron los logros e innovaciones alcanzadas a través del trabajo de la Coalición Anticorrupción en el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León.

Asimismo, las organizaciones de Coahuila y Querétaro expusieron sus propias metodologías de trabajo para sus sistemas estatales, los obstáculos encontrados y las inquietudes respecto al Sistema Nacional Anticorrupción.

En tanto que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aclararon que si bien el Sistema Nacional dice que los Sistemas Estatales deben ser equivalentes al nacional, la puerta está abierta para que los Sistemas Estatales puedan ir más allá.

Se abordaron también aspectos de la plataforma nacional anticorrupción y los Sistemas Municipales Anticorrupción sobre los cuales Consejo Cívico propuso una clasificación según las características de cada uno de los municipios para una mejor eficacia de éstos.

Las organizaciones de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas acordaron con el  Comité de Participación Ciudadana participar de manera activa en la elaboración de la política nacional anticorrupción. 

 

Preocupa crisis penitenciaria en Nuevo León

Los hechos violentos de este 10 de octubre, en Cadereyta, hacen evidente la crisis penitenciaria y el problema estructural que enfrenta Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, a 11 de octubre de 2017. Desde la sociedad civil organizada lamentamos la pérdida de vidas tras el motín registrado en el Penal de Cadereyta y condenamos los hechos que evidencian el poco control que tienen las autoridades estatales al respecto.  

Lo sucedido este martes, 10 de octubre, en Cadereyta hace evidente la crisis penitenciaria y el problema estructural que enfrenta Nuevo León, y se suma a cuatro sucesos más registrados en los tres penales de la entidad durante los últimos dos años.

Es preocupante el uso de la fuerza para intervenir en momentos críticos, la tardía intervención en una jornada violenta que se prolongó durante más de 17 horas y un deficiente protocolo para atender a los familiares de los internos quienes exigían información.

De acuerdo con la información oficial y reportes de los medios de comunicación los disturbios se detonaron desde las 23:00 horas del lunes hasta las 16:00 de este martes, con diversos momentos críticos en busca de tomar el control.  

  • En los dos años de la actual administración se han registrado 73 decesos de internos por hechos violentos en los penales de Nuevo León, frente a las 67 muertes en seis años de la pasada gestión estatal.  

  • La primera obligación del Estado garantizar la integridad física y dignidad de las personas internadas en los penales.

  • Es necesario que la autoridad competente informe a familiares de manera oportuna y clara sobre la situación de los internos del penal. Y en su caso el debido acompañamiento a quienes perdieron a su familiar.  

  • Exigimos a las autoridades de Nuevo León deslindar responsabilidades a través de una investigación objetiva y seria sobre los hechos violentos en el Penal de Cadereyta, siempre apegadas a derecho.

La crisis penitenciaria ha sido un tema reiterado por instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC.

Nuevo León enfrenta retos importantes como éste que requieren de la total atención del gobernador Jaime Rodríguez y su gabinete. Es por eso que las autoridades no deben andar dedicando su atención y tiempo en una campaña de recolección de firmas mientras se detonan este tipo de crisis.

5 puntos para entender el avance contra la corrupción

Esta semana se seleccionaron a los siete integrantes del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, una comisión que sienta las bases en la lucha contra la corrupción, pero ¿qué importancia tiene esto?

Se trata del primer órgano ciudadano de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), ellos ya tomaron protesta y ahora fungirán un papel determinante para vigilar el quehacer de los diputados en la consolidación del SEA.

Aquí te compartimos cinco puntos para entender de la dimensión:

1. El Grupo Ciudadano de Acompañamiento nace gracias al impulso que la propia ciudadanía dio a las propuesta de Ley que crearon el Sistema Estatal Anticorrupción. Y es que la participación ciudadana y la transparencia son esenciales en el ejercicio de la función pública, el combate a la corrupción e impunidad, así como en la impartición de justicia.

2. ¿Qué implica este suceso?, bueno, es un hecho inédito, por primera vez el Congreso local contará con un grupo formado por ciudadanos apartidistas, plurales y diversos que coadyuvará y vigilará el trabajo legislativo en materia anticorrupción.

3. ¿Cuál será el papel de este comité?, se encargará de evaluar a los candidatos que aspiran a ocupar un asiento en el Comité de Selección. Y será este lunes 9 de octubre cuando el Congreso inicie con la revisión de requisitos de 63 aspirantes que se inscribieron al proceso. Serán 9 los integrantes del Comité de Selección y es allí es donde el Grupo Ciudadano de Acompañamiento tiene su tarea fundamental.

4. ¿Cómo será el proceso?, bueno, pues además de analizar a los candidatos, desahogará las entrevistas, evaluará los perfiles, elaborará la lista final y estará vigilante de la votación de los aspirantes. Tendrán una voz mediática, fungen como una lupa ciudadana.

5. El paso que ha dado Nuevo León en la lucha contra la corrupción marca un precedente a nivel nacional. Este tipo de órganos ciudadanos deberían de replicarse para los nombramientos de encargados de impartición de justicia en la entidad y el resto de los estados del país para evitar procesos oscuros o poco claros, siempre bajo principios de Parlamento Abierto.

Postura | Privilegia gobernador intereses personales

Sus aciones generan un ambiente de suspicacia y especulaciones sobre posibles desvíos de recursos públicos.

Desde Consejo Cívico hemos reiterado nuestra postura de que el gobernador de Nuevo León debe dedicarse a gobernar de tiempo completo, función que le asignó la ciudadanía hace dos años.

Recolectar firmas para una posible campaña presidencial y a la par querer gobernar el estado, es privilegiar su interés personal y hacer a un lado los intereses ciudadanos de concentrarse y atender los problemas estructurales de Nuevo León.

En este sentido, si bien Jaime Rodríguez legalmente no está obligado a dejar su cargo mientras consigue las firmas que lo lleven a alcanzar un registro ante instancias electorales, creemos que por congruencia y ética debe solo enfocarse en sus aspiraciones presidenciales.

De lo contrario, consideramos que mantenerse como gobernador del estado genera un ambiente de suspicacia y especulaciones sobre posibles desvíos de recursos públicos, ante la participación directa de funcionarios estatales para el acopio de firmas a través de la asociación La Nueva Independencia, como él mismo ha declarado.

Los ciudadanos debemos de estar vigilantes de este proceso que debe ser a todas luces transparente, estar al pendiente de las acciones de Jaime Rodríguez a quien entregaron su confianza y exigir que no se utilicen nuestros recursos públicos con fines político-electorales.

Nuevo León da un gran paso ciudadano en contra de la corrupción

Es un aliciente para quienes hemos trabajado desde el frente de la Coalición Anticorrupción. Confiamos que bajo la misma responsabilidad se desempeñarán de manera constructiva y unida para erradicar la corrupción e impunidad que tanto dañan Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, a 05 de octubre de 2017. Cómo parte de los esfuerzos que los ciudadanos hemos realizado desde organizaciones de la sociedad civil, cámaras y universidades, ayer el Pleno del Congreso del Estado, ha dado un paso sin precedentes: la conformación del Grupo Ciudadano de Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

La integración de este grupo plural, diverso y de origen ciudadano es un aliciente para quienes hemos trabajado desde el frente de la Coalición Anticorrupción, durante más de un año, y confiamos que bajo la misma responsabilidad trabajarán de manera constructiva y unida para erradicar la corrupción e impunidad que tanto dañan Nuevo León.

El recién conformado Grupo Ciudadano de Acompañamiento tendrá la oportunidad de colaborar con el Congreso local para nombrar al Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

A su vez, el Comité de Selección será responsable de designar al Comité de Participación Ciudadana del SEA y realizar el primer filtro en la designación del Fiscal General de Justicia, el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, el Magistrado de la Sala especializada en Responsabilidades Administrativas y el Auditor Superior del Estado, que darán solidez, independencia y eficiencia.

El hecho de que un grupo de ciudadanos participará en la designación de integrantes del SEA, permite confiar en que las autoridades nombradas realmente combatirán la corrupción y que el Sistema funcionará.

Por otro lado, lo acontecido este miércoles sienta las bases mínimas que se deben respetar para los siguientes procesos de nombramientos de autoridades, no solo en materia de anticorrupción; y debe ser tomado como ejemplo en Nuevo León y el resto del país.

La Coalición Anticorrupción es un esfuerzo conjunto de organizaciones, especialistas y ciudadanos a título personal enfocados en crear el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país, que permita acabar con la impunidad, convirtiéndose así en un ejemplo nacional.

 

Premia BID a Cómo Vamos, Nuevo León

Las organizaciones que trabajamos de la mano con la plataforma hemos sido reconocidos como líderes en Monitoreo y Evaluación en Sociedad Civil en Latinoamérica.

Buenos Aires, Argentina, 05 de octubre de 2017. Cómo Vamos, Nuevo León fue reconocida este miércoles en la ciudad de Buenos Aires con el premio del Primer lugar en el III Concurso 2017 de Gestión por Resultados del Desarrollo en la Categoría Sociedad Civil del eje Evaluación y Monitoreo otorgado por la Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo (COPLAC-GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Premio, que busca reconocer a los líderes de América Latina y el Caribe en la implementación de la GpRD, fue entregado en el marco del X Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos Subnacionales de América Latina y el Caribe.

Particularmente en la categoría de Sociedad Civil se destacan casos en donde las ONGs muestran un contexto de colaboración como socios estratégicos con el sector público y que han permitido mejorar la calidad de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos.

La terna ganadora para esta categoría fue la plataforma Cómo Vamos, Nuevo León, la asociación Solaris de Perú con el proyecto “Escuelas Concertadas: Una experiencia de asociación público privada para el aseguramiento de aprendizajes en los estudiantes” y FUNDEMAS de El Salvador con el Programa “Limpiemos El Salvador: educación, sensibilización y acción ambiental”.

Anteriormente, en los Premios Anuales 2015 y 2016, se presentaron 167 casos provenientes de 17 países, mostrando los avances en la implementación de la GpRD. Para la versión 2017 del Premio se recibieron más de 60 proyectos.

Gobernador queda a deber a la ciudadanía

No vemos de qué manera se podrá recolectar firmas para una posible campaña presidencial y a la par de gobernar el estado.

Monterrey, Nuevo León, a 04 de octubre de 2017. Ante el evidente interés del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón de buscar el registro para contender por la Presidencia de la República, desde la sociedad civil organizada consideramos que el Ejecutivo estatal falta al compromiso que contrajo con la ciudadanía una vez electo.

Rodríguez Calderón queda a deber a la ciudadanía que votó por un gobernador de tiempo completo, que iba a durar seis años en su gestión para enfrentar y resolver los retos de Nuevo León, y que en realidad no ha estado concentrado en su función principal, que es la de gobernar el Estado.

No vemos de qué manera se podrá recolectar firmas para una posible campaña presidencial y a la par de gobernar el estado. Lo correcto sería que el Gobernador defina si quiere gobernar Nuevo León o ser candidato, y dedicarse de tiempo completo a una de estas dos tareas.

A dos años de su gobierno

A dos años de distancia desde que inició la administración de Jaime Rodríguez Calderón, la sociedad civil organizada observamos grandes retos y áreas de oportunidad para tener un mejor Nuevo León.

Esta administración empezó un importante esfuerzo para vincular a funcionarios de la anterior administración a proceso, un hecho histórico. Sin embargo, por problemas ligados a nuestro marco jurídico, estas vinculaciones todavía no se traducen en sentencias firmes que garanticen castigos o reparación del daño al erario ocasionado.

La Contraloría ha realizado también un importante trabajo para sancionar en lo administrativo e inhabilitar a funcionarios de la anterior administración. En lo interno, si bien se han emprendido acciones para promover un gobierno ético y honesto, todavía falta por ver en los próximos años que la lucha contra la corrupción será realmente el sello.

Respecto a la seguridad, la administración arrancó con alzas importantes en delitos de alto impacto, como lo son el homicidio y el robo de vehículo. Aunque se han mejorado los índices delictivos en los últimos meses, falta trabajo por hacer para recuperar niveles de seguridad aceptables en Nuevo León.

En cuanto al sistema penitenciario, se ha iniciado un proceso de despresurización de los penales, sin embargo estos primeros dos años han estado marcados por hechos violentos y muertes en estos recintos. Hay grandes retos por delante para que Nuevo León tenga penales dignos y una real reinserción de los internos a la sociedad.

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