Quedan en evidencia los diputados y diputadas que perpetúan la simulación en el SEANL

Monterrey, Nuevo León a 13 de septiembre de 2022. Al lanzar una convocatoria para integrar el Comité de Selección que abre la puerta a que cualquier persona vinculada a partidos políticos, funcionarios o exfuncionarios públicos se puedan postular, las diputadas y diputados de Nuevo León han traicionado el objetivo principal del Sistema Estatal Anticorrupción y lo han tornado en otro mecanismo al servicio de sus intereses.

La convocatoria para integrar el Comité de Selección aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso del estado abre la puerta a una manipulación de parte del Congreso, y elimina prácticamente cualquier requisito incómodo para postularse al proceso. Esto, sin contar que la vigencia del 13 al 27 de septiembre para las postulaciones, acota las posibilidades de una amplia participación de la ciudadanía.  

Nos queda claro que para los partidos políticos, la participación ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción resulta demasiado incómoda y obstaculiza sus intereses, y por ello los legisladores han buscado desarticularla a partir de la reforma a la Ley del SEANL del mayo pasado. Se han aplanado de esta manera el camino para controlar las instituciones encargadas de combatir la impunidad y la corrupción. 

En la sesión del martes ha sido desafortunado ver que solo cinco diputadas y un diputado se mantuvieron firmes en sus convicciones y acorde a la exigencia de tener autoridades e instituciones que verdaderamente representen a la ciudadanía frente a  la corrupción en Nuevo León. En ese sentido, reconocemos a Sandra Pámanes, Iraís Reyes, Brenda Sánchez y Tabita Ortiz, de Movimiento Ciudadano, así como Jessica Martínez y Waldo Fernández de Morena, quienes siguieron su conciencia y no las instrucciones de su líder de bancada. 

Desde Consejo Cívico estaremos observando atentamente y dando un seguimiento puntual al desarrollo de este proceso de selección, en cada una de sus etapas, con el fin de mantener informada a la ciudadanía y evidenciar cualquier anomalía cometida por los legisladores locales y sus partidos que atente contra la naturaleza del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León.