Alzas en tarifas del transporte dan la espalda a ciudadanía

Monterrey, Nuevo León, a 18 de septiembre de 2018. Después de más de 3 años sin sesionar en pleno, el Consejo Estatal de Vialidad y Transporte (CETyV) aprobó este lunes, en el Palacio de Cantera, la iniciativa del Gobierno estatal en un proceso con poca claridad de los compromisos y acuerdos por parte de los prestadores del servicio, al no plasmarse por escrito en un convenio. 

Desde Consejo Cívico, la semana anterior adelantamos nuestro rechazo al aumento en el caso del transporte urbano. Ayer reiteramos nuestro voto en contra del aumento de $1 peso a la tarifa ordinaria con tarjeta Feria, más un desliz mensual de 10 centavos hasta el 1 de noviembre 2021, así como del aumento para pagos en efectivo de $1 peso con un desliz de 50 centavos cada 90 días, también hasta el 1 de noviembre de 2021.

Cabe señalar que Consejo Cívico votó a favor del alza del Metro de $4.50 a $5.50, con desliz de tarifas hasta alcanzar $9.00 pesos en 2021, al considerar que el Sistema de Transporte Colectivo ha operado con la misma tarifa en los últimos 16 años, lo cual ha tenido un impacto negativo en el mantenimiento de la infraestructura, y ha causado una mayor lentitud del servicio. En este caso, la participación que tenemos en el Consejo de Administración de Metrorrey nos permite tener acceso a la información financiera de este organismo, y constatar cómo este déficit ha afectado la operación efectiva y la seguridad de los usuarios.

Ante estos aumentos y el impacto que van a implicar al bolsillo de miles de ciudadanos, exigimos al Gobierno del estado que haga cumplir cabalmente los acuerdos y compromisos con los prestadores del servicio, que fueron las condiciones para que se aprobara el alza. Estaremos esperando en forma trimestral, como mínimo, sesione el CETyV y sus respectiva comisiones, para revisar el avance de los siguientes compromisos:

  1. Sustitución gradual de las unidades obsoletas por unidades nuevas que operen con un combustible no contaminante, gas u otro.
  2. Monitoreo de la frecuencia de paso de las diferentes rutas, y calidad del servicio prestado a los usuarios.
  3. Sistema de atención a quejas de usuarios, que permita conocer con claridad las soluciones aportadas.
  4. Arranque a la brevedad de la elaboración de Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, e informe periódico de avances a la ciudadanía.
  5. Proceso amplio de discusión sobre la nueva Ley de Movilidad, que implique un rediseño de la gobernanza del sistema integral de movilidad estatal, con mayor equilibrio entre todos los actores clave del mismo.
  6. Plan para la integración completa de las distintas modalidades de transporte, y de las tarifas.
  7. Plan para la eliminación en corto plazo del pago en efectivo y transición a una tarjeta única de pago.
  8. Cumplimiento de la obligación del Gobierno estatal de actualizar el Sistema Estatal de Información y Registro de Transporte (Art. 88 y 89 de la Ley vigente), que permitirá a la ciudadanía tener acceso a la información sobre el sistema.

También estaremos esperando ver acciones firmes del Gobierno en los casos en los cuales los prestadores del servicio incumplan con estos compromisos, incluyendo la revocación de permisos en forma definitiva.