Hay procesos que dejan un documento y procesos que dejan una forma de trabajar. La Guía para la Protesta en Nuevo León es, sobre todo, lo segundo: una manera de articular organizaciones para la incidencia pública, que resultó ser tan replicable como el documento mismo. Otros estados podrían haber partido de cero para construir su propia guía; sin embargo, han optado por recuperar el proceso original de Nuevo León, precisamente porque ese proceso —y no solo su resultado— es lo que hace que la herramienta funcione. Este texto recoge lo que ese proceso nos enseñó.
De Nuevo León a la conversación nacional
El pasado 8 de julio, se desarrolló el conversatorio “ Libertad de expresión, participación ciudadana y espacio cívico en México”, organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en Ciudad de México. En el cual, Consejo Cívico presentó la Guía para la Protesta en Nuevo León. Más que presentar un documento, el conversatorio permitió compartir una metodología de articulación puesta en práctica, poner en común distintas experiencias sobre la defensa del espacio cívico en México y mostrar el trabajo que hay detrás de una herramienta construida desde la colaboración entre organizaciones, colectivos y personas activistas.
Verónica Porras, Gerente de Causas Ciudadanas
Una metodología que viaja a otros territorios
La construcción de la Guía para la Protesta en Nuevo León despertó el interés de organizaciones de otros estados que buscan desarrollar herramientas propias para fortalecer el ejercicio del derecho a la protesta. Chiapas, Yucatán y Oaxaca son algunos de los territorios donde este interés se ha convertido en nuevos procesos de trabajo. Sin embargo, replicar la metodología no significa reproducir el mismo documento: cada estado tiene sus propios marcos jurídicos, experiencias, actores y necesidades.
Por ello, el proceso parte de conocer primero el contexto local. En los casos de Chiapas, Yucatán y Oaxaca, esto implicó identificar casos y situaciones de riesgo, reconocer a los actores involucrados y revisar el marco jurídico de cada entidad para, a partir de ahí, construir y adaptar los contenidos de acuerdo con las necesidades de quienes ejercen y acompañan el derecho a la protesta en esos territorios.
Así, la adaptación se convierte en uno de los principios centrales del proceso: compartir lo aprendido en Nuevo León sin perder de vista que cada estado necesita construir una herramienta propia, desde sus conocimientos, experiencias y prácticas.
La articulación es el método
Esta adaptación también requiere recuperar uno de los elementos centrales de la Guía de Nuevo León: la construcción colectiva. Una herramienta de este tipo requiere sumar distintas perspectivas, por lo que la metodología involucra desde el inicio a organizaciones, colectivos y personas activistas que conocen y han vivido el contexto de cada territorio.
La experiencia de Nuevo León mostró que la articulación no fue un paso previo a la Guía, sino el método mismo de construcción. Sumar distintas voces permite que cada estado desarrolle una herramienta conectada con sus propias experiencias y necesidades, y que quienes participan en su construcción la adopten.
Verónica Porras, Gerente de Causas Ciudadanas
Coordinar también es sostener
Para que esta construcción colectiva pueda sostenerse, también es necesario contar con una coordinación que acompañe el proceso. Esto implica convocar, facilitar los espacios de trabajo, dar seguimiento a los acuerdos y conectar distintas perspectivas sin imponer una narrativa propia.
La experiencia de Consejo Cívico muestra que coordinar no es dirigir: es generar las condiciones para que las organizaciones puedan construir juntas y que el resultado sea realmente colectivo.
De una herramienta a una red nacional
Los procesos desarrollados en estos estados muestran que esta metodología puede adaptarse a distintos contextos y seguir creciendo.
Más allá de contar con una guía en cada entidad, compartir esta metodología permite conectar organizaciones, acumular aprendizajes y fortalecer una red nacional que pueda seguir desarrollando herramientas para proteger el derecho a la protesta y el espacio cívico.