- Con la reforma a modo de la Ley del SEA en mayo de este año, se
eliminaron los obstáculos y la vigilancia ciudadana a los procesos de
designación. - El dictamen de la Comisión Anticorrupción, sin metodología ni
estándares claros, pone en la mesa una propuesta de cuatro hombres, con
vinculación política y laboral entre sí. - En este panorama, la procuración de justicia estará en manos de
los intereses de los partidos políticos dominantes.
Monterrey, N.L. a 9 de noviembre de 2022.- El proceso
de designación de un nuevo Fiscal General del Estado es la culminación de un
proceso manipulado por los partidos políticos, dando como resultado un dictamen
de la Comisión Anticorrupción sin metodología ni estándares claros, que pone en
la mesa una propuesta de cuatro hombres con una clara vinculación política y
laboral entre sí. Incluso uno de ellos actualmente es investigado por casos de
corrupción en su paso por la administración pública de Monterrey.
Con
la reforma a modo de la Ley del SEA en mayo de este año, se eliminaron los
obstáculos y la vigilancia ciudadana a los procesos de designación. El primer
paso fue el nombramiento del Comité de Selección, que se realizó sin la guía y
vigilancia del Grupo Ciudadano de Acompañamiento.
Este
Comité de Selección elegido por el Pleno del Congreso se instaló en fast track,
de igual manera, redactó la convocatoria para lanzar el proceso de selección
del Fiscal, a pesar de no ser parte de sus funciones. Sin embargo, este proceso
de evaluación a personas candidatas requiere una exhaustiva valoración sobre
sus perfiles, experiencia profesional y sobre todo independencia, situación que
en los hechos no ocurrió, el Comité de Selección prácticamente se limitó a
examinar el cumplimiento o no de los requisitos legales de la mencionada
convocatoria, por eso pasó a la Comisión Anticorrupción a 63 que habían
entregado su papelería a tiempo y completa.
En
este panorama tan poco esperanzador con perfiles cuestionados por la prensa, la
sociedad civil y la ciudadanía en general, la procuración de justicia estará en
manos de los intereses de los partidos políticos dominantes. Esto es solo el
primer paso para dimensionar la gravedad en el tema de las designaciones que el
Congreso del Estado tiene en sus manos, ya que el próximo año se estará
renovando también a quien encabezará la Auditoría Superior del Estado, el
órgano encargado de fiscalizar los recursos públicos, si bajo este mismo
criterio se elegirá a la persona titular se corre el riesgo de que se designe
un perfil a modo que fomentará más impunidad en la revisión de cuentas,
desempeño y gestión de las instituciones públicas.
Ante
estos hechos, observamos que grupos políticos involucrados en esta manipulación
han dejado de lado lo que es mejor para la comunidad y han ignorado procesos
violando la ley. Lo único que, como ciudadanía, podemos hacer, es dejar en
claro nuestro rechazo absoluto por la forma en la que estamos siendo gobernados
en Nuevo León, que no es digna ni a la altura de nuestro estado.