- Nuevo León carece de una Política Estatal de Prevención social de la Violencia.
- Desde la Legislación es necesario aclarar la responsabilidades de los actores involucrados y adecuar el marco a la actualidad.
- Se necesitan presupuestos que den soporte a la atención multisectorial y sistémica de la violencia en NL.
Monterrey, NL, 28 de junio de 2022. En Nuevo León es
necesario que la Ley Prevención Social de la Violencia atienda las necesidades
del contexto actual, clarifique la confusión institucional que prevalece al
interior del gobierno estatal y promueva la atención multisectorial y sistémica
de la violencia, coincidieron académicos y especialistas en el tercer Diálogo
por la Paz.
Para analizar el papel del Congreso
en el evento organizado por Consejo Cívico, el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y la Barra Mexicana de Abogados, participaron Diego Martínez, Director
de Análisis Estratégico del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de
Seguridad Estatal; Jessica Vera Carrera, coordinadora académica de Posgrado
Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; Miguel Valdés Alvarado,
presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León; Sandra Alanís
Zapata, integrante de la Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia
en representación del sector privado-FEMSA; y el diputado Daniel González
Garza, integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso.
En Nuevo León, desde 2016 se aprobó
la ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana del Estado. Sin embargo, a la fecha no existe una política Estatal de
Prevención, y tampoco se han logrado impulsar estrategias integrales y
transversales en la materia.
Al analizar los elementos vigentes de
la legislación, una de las áreas de oportunidad es que en la actualidad no
existen esquemas de coordinación ni continuidad de las estrategias de
prevención de las autoridades, y mucho menos atienden las complejidades
actuales y los efectos del confinamiento por la pandemia.
Y si bien la Ley ofrece insumos
valiosos para contar con un órgano administrativo; debe existir un Consejo que
marque las directrices, dé seguimiento a acuerdos y genere evidencias. Con el
inicio de la nueva administración se ha identificado una duplicidad de
funciones entre las Secretarías estatales, lo cual es el principal impedimento
a un liderazgo claro con rendición de cuentas sobre resultados y una visión
sistémica.
Para consolidar el Plan para la
Prevención Social de la Violencia del estado deben asignarse los presupuestos
necesarios en la propuesta de Egresos 2023, para que los niveles estatales y
municipales cuenten con áreas de prevención social de la violencia, equipos
multidisciplinarios y presupuesto para la operación de sus proyectos.
En Nuevo León, la Red Multisectorial para la Prevención Social de la Violencia integrada por organizaciones de la sociedad civil, academia, iniciativa privada y el sector público, colabora permanentemente en la generación de análisis multidisciplinarios desde la perspectiva técnica, operativa y de incidencia que contribuyan a enriquecer el Plan para la Prevención Social de la Violencia, y reiteraron su disposición para atender los retos de la Ley de Prevención Social.
Encuentra aquí la transmisión en vivo por Facebook de este evento.