Monterrey, N.L. a 4 de noviembre de 2022. Aunque la democracia es un proceso en construcción en México, que requiere que de forma continua se mejoren procesos, instituciones, prácticas, que se evalúen resultados, gestión y desempeño, entre otros, en Consejo Cívico rechazamos cualquier cambio que amenace los procesos democráticos construidos desde la ciudadanía y que afecte sus derechos.
La iniciativa de reforma político-electoral en discusión a nivel
federal en estos momentos, si bien pone sobre la mesa de discusión aspectos
importantes del proceso electoral que se podrían mejorar, también propone
cambios que lejos de fortalecer nuestros derechos y democracia, amenazan los
avances que se lograron a lo largo de unos 30 años. En este contexto, es
importante recordar el largo y sinuoso camino que se ha recorrido en este país
para ir conformando una democracia fincada en instituciones sólidas y
autónomas, y en el que el papel de la sociedad civil organizada ha tenido un
papel primordial. Durante nuestra trayectoria de 47 años, en el Consejo Cívico
hemos defendido y trabajado por los intereses ciudadanos y sobre todo en darle
peso a su voz y voluntad popular para la construcción de una democracia sólida.
Los aspectos que parecen no abonar a una construcción democrática
y de derechos son:
- La
propuesta de volver a centralizar todas las decisiones de carácter
electoral en la capital de la república, desapareciendo los Órganos
Públicos Estatales Electorales (en el caso de NL, la Comisión Estatal
Electoral). Esto sería un problema para la operación tanto de los comicios
estatales, como otros aspectos puntuales: la designación de tiempo aire
para cada uno de los partidos, y la resolución de conflictos y denuncias,
entre muchas otras cosas. Nos cuestionamos, si un sistema centralizado
tendrá la capacidad para manejar lo que hasta ahora se maneja en cada uno
de los estados. - Una
tendencia a politizar más los órganos electorales, con la elección de
magistrados y consejeros del órgano electoral por voto popular, en vez de
una selección por méritos, conocimientos o carrera profesional. En lugar
de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales,
militantes y activistas. Además, abre la puerta a un financiamiento
ilícito de las campañas para estos cargos, permitiendo que la delincuencia
organizada se inmiscuye en órganos que hasta hoy han estado protegidos de
esta intromisión. - La propuesta de eliminar el financiamiento público a
los partidos políticos en años no electorales, arriesga su sobrevivencia,
convirtiéndolos exclusivamente en maquinarias para ganar elecciones (lo
cual va en contra de su rol como intermediarios, reclutadores de
liderazgos sociales y contrapesos al poder de los gobiernos).
Cualquier reforma que se proponga al sistema político electoral
mexicano debe ser analizada en foros incluyentes y abiertos a toda la
ciudadanía en todos los estados del país, y no concentrada en una pequeña élite
política en la capital de la República, en aras de construir y no de destruir
los avances históricos en el sistema democrático y judicial del país y los
estados.
Es de vital importancia revisar puntualmente el contenido de la
reforma electoral propuesta por el presidente desde la trinchera de la sociedad
civil organizada. Por ello, invitamos a la sociedad civil organizada y al
público en general que esté interesado en conocer el tema y forjar su propia
opinión y posición, a asistir al webinar “Reforma electoral: ¿cómo puede
afectar a la democracia y a la ciudadanía?” a transmitirse el jueves 10 de
noviembre a las 6.30 pm, en el que expertos en el tema analizarán dicha
reforma.
Panelistas: Beatriz Camacho, presidenta de la Comisión Estatal
Electoral y Jorge Salazar, Consultor Jurídico Nacional.
Moderador: Samuel Ramírez, catedrático de la Universidad de
Monterrey
Formato: webinar por zoom (registro por redes sociales)