Monterrey, Nuevo León, a 08 de octubre de 2021. La ciudadanía organizada de Nuevo León considera que el nuevo Gobierno estatal y las autoridades en materia de Anticorrupción deben tomar todas las medidas en su poder para garantizar que los presuntos actos de corrupción cometidos en la paraestatal, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), se investiguen a fondo y lleven a la justicia: tienen toda la responsabilidad para evitar que queden impunes.
En los últimos días, los medios de comunicación y la nueva administración de Nuevo León han dado cuenta de presuntas irregularidades cometidas por algunos servidores públicos durante sus encargos en Agua y Drenaje. Se dieron a conocer algunos nombres, sin embargo, el tipo de actos que se reportan no pueden haber sido desconocidos ni del director ni del contralor de la paraestatal. El señor Juan Carlos Pulido Quintanilla tenía 18 años laborando en el organismo sin que nadie le pusiera jamás un alto.
Es por lo mismo que desde Consejo Cívico, exigimos al Gobierno del Estado la intervención inmediata a la paraestatal para que se realicen auditorías forenses conducidas por consultores totalmente autónomos e independientes del gobierno, con acceso completo a toda la dependencia y sus expedientes. Es insostenible y criminal que servidores públicos se hayan aprovechado del organismo de esta manera por tanto tiempo, desde la administración de Rodrigo Medina, sin que se tome cartas en el asunto, esto a pesar de la grave crisis de agua que vive nuestro estado. Asimismo, el Gobierno debe presentar la denuncia correspondiente por la sustracción de documentos y artículos de las oficinas de AyD ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Exigimos al Fiscal Anticorrupción una exhaustiva investigación de las personas mencionadas, así mismo la Contraloría Estatal debe proceder a revisar la actuación de sus antecesores que fueron omisos. ¿Tan siquiera presentaban los funcionarios públicos sus declaraciones 3de3, y éstas eran revisadas por la Contraloría?
Nuevamente es evidente de nuevo que la Auditoría Superior del Estado no está a la altura de los retos de corrupción de la administración pública de Nuevo León. Esta responsabilidad es del Congreso del Estado. Plenamente conscientes de la ausencia de resultados de este órgano de fiscalización, que lleva más de 6 años sin lograr resarcir daños a la hacienda pública o presentar una denuncia penal que conduzca a un castigo ejemplar, los diputados no han intervenido en el asunto, cuando deberían haber exigido su renuncia hace mucho.
Exhortamos a los servidores públicos que fueron testigos de actos de corrupción en la administración de Jaime Rodríguez a presentar denuncias ante los órganos correspondientes, llamando al 070, y dando elementos que permitan a las autoridades proceder en contra de quienes desfalcaron al estado y los nuevoleoneses.