Monterrey, Nuevo León. Jueves 26 de junio, 2025.- Desde Consejo Cívico, reconocemos como un paso necesario la cancelación del modelo de pago por kilómetro por parte del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA), dado que su implementación generó incentivos perversos, afectaciones operativas e impactos profundos a las finanzas del sistema. El modelo de pago por kilómetro no es inadecuado, pero fue aplicado de manera equivocada. Nos preocupa que el nuevo esquema de pago, más allá de carecer de respaldo público, se construya sin la fortaleza institucional necesaria para garantizar su adecuada operación, transparencia y sostenibilidad.
El modelo anterior, al transferir todo el riesgo financiero al estado sin exigir compromisos de calidad a los transportistas, demostró ser ineficaz y los usuarios pagaron el alto costo de esta decisión tomada en el año 2021. Las proyecciones de ingresos realizadas por el IMA fueron irreales al estimar 800 pasajeros diarios por unidad, cuando en la práctica local se sabe que 400 ya es una cifra elevada. Además, la ausencia de mecanismos eficaces para asegurar la calidad del servicio por parte de los transportistas resultó contraproducente, especialmente considerando que no son propietarios de las unidades. Al operar vehículos arrendados por el gobierno a empresas privadas, y siendo estas últimas las responsables del mantenimiento, se generó una desconexión entre la operación diaria y el estado físico de las unidades.
Si bien el nuevo esquema de pago, que ahora incluye la variable de pasajeros transportados, tiene el potencial de alinear mejor los incentivos con la calidad del servicio y reducir la evasión de ingresos, aún no ha sido validado por el Comité Técnico ni se han publicado sus reglas operativas. Por ello, se desconoce si generará un impacto positivo en la prestación del servicio y, en su caso, cuál sería su magnitud. Tampoco se ha clarificado cómo se evitará volver a caer en fallas del pasado, como la competencia entre camiones en una misma ruta o el resurgimiento de la «guerra del centavo», lo cual no solo afectaría a los usuarios, sino que también podría mantener o incrementar tensiones financieras que aumenten el estrés del sistema y de los recursos públicos involucrados..
Hacemos un llamado a las autoridades estatales a transformar la forma en que se toman las decisiones públicas, basándose en evidencia, datos e indicadores, así como mayor apertura y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. La gestión de la movilidad en nuestro estado debe aspirar a los niveles de profesionalismo y estándares operativos que ya existen en otras ciudades del país, e incluso en capitales como Londres, París o Nueva York para llegar a ser una metrópoli que realmente garantice el derecho a la movilidad.