El espacio cívico, ese entorno fundamental donde la sociedad civil florece gracias a las libertades de asociación, expresión y reunión, se encuentra cada vez más amenazado.
En este contexto crítico, el fact-checking o verificación de hechos juega un papel crucial como baluarte contra la desinformación, un elemento que erosiona la confianza pública y dificulta la participación ciudadana informada.
Sin embargo, recientes acontecimientos, como la decisión de Meta de desmantelar su programa de verificación de terceros en Estados Unidos y el auge de iniciativas gubernamentales de verificación, plantean serias interrogantes sobre el futuro de esta labor esencial y su impacto en la defensa del espacio cívico.
La decisión de Meta, anunciada por su CEO Mark Zuckerberg, de poner fin a su Programa de Verificación de Hechos de Terceros en Estados Unidos ha generado una profunda preocupación en la comunidad de verificadores y defensores de la democracia.
La Red Europea de Estándares de Fact-Checking (EFCSN) ha expresado su decepción y ha condenado enérgicamente las declaraciones de Zuckerberg que vinculan la verificación de hechos con la censura. Clara Jiménez Cruz, presidenta de la EFCSN, calificó esta medida como “un movimiento políticamente motivado” en el contexto de la llegada de la administración de Donald Trump.
Desde Latinoamérica, con la Red Latam Chequea hemos insistido en que la verificación de hechos no es censura, sino que añade discurso a los debates públicos, proporciona contexto y hechos para que la ciudadanía se forme su propia opinión
Incluso, se ha demostrado repetidamente la eficacia del fact-checking para contrarrestar la desinformación. La afirmación de Zuckerberg de que los verificadores de hechos han sido “demasiado políticamente sesgados y han destruido más confianza de la que han creado”, es falsa y sobre todo, peligrosa.
Contrario a sus propias palabras de apenas hace algunos meses, el CEO de Meta parece desconocer que desde el programa de verificación de datos de terceros es imposible que una verificadora externa, pueda, en primer lugar verificar contenido político y en segundo, no pude retirar ningún tipo de contenido, solamente lo etiqueta.
Resulta paradójico que Meta haya elogiado previamente su Programa de Verificación de Terceros como “exitoso y beneficioso para los usuarios”, según el DSA Transparency Report, destacando que “la gente encuentra valor en las pantallas de advertencia que aplicamos al contenido después de que un socio de verificación de hechos lo ha calificado”.
Algunos beneficios que destacó fue: la efectividad de su sistema de etiquetado de desinformación, señalando que “cuando se coloca una etiqueta de verificación de hechos en una publicación, el 95% de las personas no hacen clic para verla”, adicionalmente señala que el “contenido desmotivado por error solo afectó al 3.15% del total de quejas de desmotivación en Facebook”.
Aunque el programa de verificación de terceros sólo culminó en los Estados Unidos de Norteamérica y aún no hay noticias sobre si esto seguirá en América Latina o en Europa, lo cierto es que el discurso es preocupante, ya que vincular la verificación de hechos con la censura es especialmente dañino, ya que ya son una de las fuerzas impulsoras detrás del acoso y los ataques contra los verificadores de hechos en todo el mundo.
La situación con las plataformas tecnológicas nos lleva directamente a la pregunta de qué hacer con relación a la desinformación, ¿la desinformación debe legislarse? ¿Debe existir una iniciativa contra la desinformación desde el gobierno? ¿La verificación de datos y hechos debe ser labor exclusiva de la ciudadanía?
En Brasil, el gobierno de Lula Da Silva lanzó el sitio web “Brasil Contra Fake”, centrado en contenidos relacionados con el gobierno federal. México cuenta con Infodemia, además de la controvertida sección “El Detector de Mentiras”. Perú tiene unidades de verificación en organismos electorales, y en Colombia se implementó la campaña “#ColombiaEsMiVerdad”. Ecuador opera la cuenta oficial “Segcomv”, y Argentina creó Confiar y anunció Nodio.
Aunque pareciera una nota positiva en este contexto, es necesario diseccionar sus ventajas y desventajas; entre los riesgos principales encontramos que las iniciativas estatales de verificación difieren fundamentalmente del trabajo de los medios de fact-checking independientes, los cuales se rigen por una serie de reglas de transparencia en su método, financiación y equipo. Además, deben tener una política de corrección de contenidos y tratar con la misma vara a todos los actores.
En contraste, las iniciativas estatales a menudo carecen de un método público y transparente, no ofrecen una política de corrección clara y no garantizan un trato equitativo a todos los actores, ya que los propios gobiernos son parte del debate público.
Existe el riesgo de que estas iniciativas se utilicen como formas encubiertas de propaganda, hostigamiento y persecución a opositores, lo que cercena la libertad de expresión,y desde el poder se pretenda suplantar el trabajo periodístico.
La Red Internacional de Verificadores (IFCN) establece un Código de Principios que deben cumplir las organizaciones de fact-checking independientes para garantizar su apartidismo, transparencia y rigor metodológico. Esta revisión independiente es crucial para asegurar la rendición de cuentas y la credibilidad del trabajo de verificación.
La labor del fact-checking independiente es esencial para la defensa del espacio cívico porque contribuye a un debate público informado y permite a las y los ciudadanos tomar decisiones basadas en hechos, no en desinformación.
La desinformación puede manipular la opinión pública, polarizar a la sociedad e incluso interferir en procesos electorales. Al verificar el discurso público, el fact-checking obliga a los poderosos a rendir cuentas con datos y hechos contrastados.
En este contexto de crecientes desafíos, es fundamental reconocer y apoyar la labor de las organizaciones de fact-checking independientes. La retirada de plataformas como Meta de su compromiso con la verificación de terceros y el auge de iniciativas gubernamentales con potencial sesgo representan amenazas significativas para la integridad de la información y la salud del espacio cívico.
La defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información dependen en gran medida de la capacidad de los verificadores de hechos para seguir desempeñando su rol esencial de manera independiente y sin presiones.
El futuro de un espacio cívico vibrante y participativo exige una vigilancia constante y un firme compromiso con la verdad y la transparencia.