Monterrey, Nuevo León. Sábado 31 de agosto de 2024. Desde el 2022, Nuevo León se encuentra sin un fiscal general de justicia debidamente nombrado por el Congreso del Estado. Es tiempo que esta situación sea resarcida, pero no de cualquier manera: la ciudadanía organizada de Nuevo León exige un proceso de selección ejemplar, llevado a cabo con acompañamiento ciudadano, y que culmine en el nombramiento de una persona idónea y que dé confianza a la ciudadanía.
Todo el proceso de nombramiento iniciado en el año 2022 quedó viciado y manchado de irregularidades, empezando con la integración del Comité de Selección por candidatos que responden claramente a intereses partidistas, en vez de ser genuinos representantes de organizaciones civiles y académicas. La metodología implementada por la Comisión Anticorrupción del Congreso fue totalmente ajena a mejores prácticas y procesos de selección, y las entrevistas realizadas, de una duración de siete minutos, evidenciaron que las decisiones de los diputados se tomaron en otros espacios, mucho más opacos y a espaldas de la ciudadanía.
Desde Consejo Cívico, consideramos que la nueva legislatura que tomará posesión este 1 de septiembre debe resarcir las deudas de la Septuagésima Sexta legislatura. A estas alturas, lo mejor sería declarar nulo o inválido el actual proceso de selección, y reiniciar un proceso desde cero. El primer paso a cumplir, además, sería lanzar una nueva convocatoria para seleccionar a cinco nuevos integrantes verdaderamente apartidistas para el Comité de Selección, y poder contar con este filtro ciudadano para el proceso de selección.
El Gobierno del Estado también debe actuar a la altura que merece el proceso de selección, y está obligado a emitir las cartas de no antecedentes penales, al estar señalado este requisito tanto en la Constitución como en las leyes.
Ante la situación de inseguridad en aumento, Nuevo León requiere de un Fiscal General que vigile la correcta aplicación de la ley y la defensa del interés público en los procesos penales, así como la protección de las víctimas de delitos. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben demostrar madurez, apego a la legalidad y responsabilidad ante las y los ciudadanos de Nuevo León, y culminar de forma ejemplar este proceso de nombramiento antes de finalizar el año.