Monterrey, Nuevo León. Lunes 19 de agosto de 2024. Las organizaciones que participamos en la junta de gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) afirmamos que es preciso que el Gobierno de Nuevo Léon atienda de manera estructural la crisis que atraviesa el transporte público de la Zona Metropolitana de Monterrey, y que afecta en múltiples maneras la calidad de vida de millones de usuarios del transporte colectivo a diario.
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Según la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del INEGI, entre junio de 2021 y junio de 2024, el número de usuarios del Metrobús, Transmetro, Metrorrey y Ecovía en Monterrey disminuyó en un 65.6%, pasando de 1,314,480 usuarios a solo 451,921.
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Actualmente, hay significativamente menos camiones urbanos que hace una década. El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) reportó que en septiembre de 2023 había 4,479 unidades de transporte público, aunque estimaciones recientes sugieren que podrían ser entre 3,000 y 3,500.
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Los tiempos de espera han aumentado dramáticamente. En 2019, el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable indicaba un tiempo medio de espera de 6 minutos; sin embargo, la encuesta Así Vamos 2023 lo calculó en 24 minutos. En los últimos días, reportes de prensa señalan que los tiempos de espera superan los 60 minutos.
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De acuerdo a Cómo Vamos Nuevo León, el tiempo de traslado en transporte público para un viaje redondo se incrementó en un 18.4% en los últimos cuatro años, pasando de 1 hora con 55 minutos en 2019 a 2 horas con 21 minutos en 2023. Se prevé que este tiempo podría seguir aumentando en 2024.
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Esta situación obliga a los ciudadanos a gastar más en métodos de movilidad alternativos, como taxis de aplicación o servicios informales, lo que incrementa sus gastos y reduce su tiempo de descanso, recreación y convivencia familiar, fomentando disfuncionalidades sociales.
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El tiempo adicional que las personas pasan expuestas a la contaminación mientras esperan en la calle también tendría repercusiones negativas en la salud pública, especialmente con el aumento del parque vehicular.
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La puntualidad y la asistencia laboral se verán comprometidas, afectando los incentivos económicos que ofrecen las empresas, lo que a su vez impacta la economía familiar.
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La competitividad del estado frente a empresas nacionales e internacionales también está en riesgo, ya que estas deben asumir costos adicionales de traslado.
Frente a esta situación, es claro que la inversión de casi 10 mil millones de pesos para arrendar 1,800 camiones de ruta no ha dado resultados. Las soluciones tradicionales, como el control de tarifas y el arrendamiento de más unidades, han sido ineficaces y costosas. Es urgente que el gobierno de Nuevo León asuma su responsabilidad y adopte medidas estructurales y sostenibles para mejorar el transporte público, garantizando una mejor calidad de vida para la ciudadanía y competitividad para el estado.
SUSCRIBEN EL COMUNICADO:
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Consejo Cívico
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Camara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Monterrey
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Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda