Monterrey, Nuevo León. Lunes 28 de octubre, 2023. En el segundo año de gobierno de Samuel García, en Nuevo León los desafíos en seguridad pública persisten, a los que también se les suman el incremento en los índices de impunidad, la falta de coordinación institucional y la politización del tema.
La falta de seguridad en Nuevo León quedó manifiesta en dos distintos estudios: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 del INEGI, donde se estima que el 66.7% de la población mayor a 18 años identifica la inseguridad como el principal problema en el Estado, y en el índice de Paz 2023 publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, que pone a Nuevo León como la segunda entidad con el mayor deterioro en este sentido, pasando de la posición 21 a la 26 en tan solo un año.
Las cuantiosas inversiones en los últimos 12 años en estrategias reactivas no han producido como resultado una reducción significativa a las diferentes formas de violencia. Durante 2022, de cada 100 pesos que el Estado invirtió en seguridad, solo 69 centavos se destinaron a la prevención. Y acuerdo a los Hallazgos 2022 de México Evalúa, los delitos y la violencia en Nuevo León se incrementaron en áreas como el feminicidio (55%), la violencia familiar (36%), los homicidios dolosos (34%), el robo total (27%), los daños a la propiedad (13%), las lesiones (12%) y las amenazas (12%), en comparación al 2021.
Desde la campaña electoral de 2021, la sociedad civil organizada expuso a los entonces candidatos la necesidad e importancia de contar con un Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia, y una inversión pública mayor para atender de raíz las problemáticas que la causan. En este segundo año de gobierno, el Estado organizó mesas de trabajo con expertos y con ciudadanía, para poder construir este documento, el cual aún no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado. Sin esta publicación, se pone en duda la asignación de recursos necesarios y suficientes para implementar estrategias coordinadas entre secretarías y de la mano con municipios a partir del año 2024. Lo cual implicaría más retraso en estrategias de prevención en este sexenio.
Finalmente, cabe destacar que los desafíos en materia de seguridad y prevención de la violencia difícilmente se podrán superar manteniendo un ambiente de confrontación y pelea política. Sin certidumbre jurídica y condiciones de gobernabilidad no se puede garantizar la sostenibilidad de las instituciones ni la respuesta efectiva a los casos judiciales y su respectiva continuidad procesal. Prueba de este debilitamiento en los mecanismos de coordinación está en que el Índice de impunidad en Nuevo León que realiza México Evalúa pasó de un 93.7% en 2021 a 96.9% en 2022.
Y una vez más, como lo hemos hecho en numerosas ocasiones, hacemos un llamado a todas las autoridades a dejar de lado este conflicto que opone al Estado con los municipios y el Congreso para que Nuevo León pueda sortear este obstáculo y así garantizar la paz.
Fuentes: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. Hallazgos 2022 de México Evalúa. Ley estatal de egresos 2023.