*COMUNICADO CONJUNTO*
Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía hacemos un contundente llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a votar en contra del proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz y garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
La aprobación de este proyecto significa graves retrocesos en materia de transparencia, derecho a la información y protección de datos personales de la sociedad mexicana.
El derecho a la información es necesario y clave para garantizar otros derechos, así como para que nuestros gobernantes rindan cuentas, de ahí la importancia de que el Senado asegure el funcionamiento a cabalidad del INAI.
De cara a la discusión que se llevará a cabo en próximos días en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la omisión del Senado de la República de designar a tres integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las organizaciones y personas que suscribimos este posicionamiento hacemos un llamado fuerte a las y los ministros de la SCJN a votar a favor del derecho humano a saber.
Por lo anterior, les exigimos que no acompañen el proyecto de sentencia de la ministra ponente Loretta Ortiz, toda vez que representa un retroceso democrático y vulnera los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
El Senado de la República ha sido omiso en su obligación constitucional de designar a las tres personas comisionadas faltantes para integrar el Pleno del INAI, dos de ellas desde hace 466 días, y 101 días para la tercera vacante. Las faltas del Senado y de la Comisión Permanente se suman al desacato de varias resoluciones judiciales que les han ordenado cumplir con esta responsabilidad, para que el órgano garante autónomo del acceso a la información ejerza a cabalidad sus funciones y proteja el derecho a saber de la sociedad mexicana.
De ser aprobado el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz, el INAI podría quedar imposibilitado para llevar a cabo de manera plena sus facultades y competencias, entre las que se encuentran: expedir y vigilar el cumplimiento de legislaciones sobre transparencia, derecho a la información y datos personales; resolver los recursos de revisión que las personas presenten ante negativas de información; interponer acciones en contra de leyes que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, todo lo cual puede acarrear afectaciones serias a los derechos humanos de la ciudadanía.
El contexto es grave, pues se registran múltiples estrategias de opacidad que limitan conocer el funcionamiento cotidiano del gobierno. El debilitamiento deliberado de un instituto central para eliminar la cultura del secreto del quehacer gubernamental tiene repercusiones directas en la vida de las personas. Cada minuto se toman decisiones que limitan el bienestar del pueblo, como negar y ocultar información que nos permitiría saber cómo se ejercen los recursos públicos que todas y todos pagamos o decisiones que nos afectan como sociedad.
Cada día que se sigue limitando el funcionamiento de un instituto que vigila la rendición de cuentas en temas de información se atenta con los logros de más de 20 años a favor de la transparencia que permite un mejor gobierno. A la fecha, el INAI ha informado de 6,764 recursos de revisión que no ha podido resolver por la falta de quórum legal, son 6,764 personas a las que se les está vulnerando su derecho y también es un agravio a la sociedad en su conjunto.
Debido a las intervenciones del INAI hemos podido conocer más sobre violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción que las entidades de gobierno han querido ocultar. Por ejemplo, qué pasó realmente en el caso de Tlatlaya y qué actores públicos intervinieron; por qué no se han sancionado a las personas vinculadas con el escándalo de corrupción de la Estafa Maestra y qué no está haciendo el gobierno para evitar la repetición de estos casos. El INAI es una pieza clave para conocer decisiones públicas que son parte de nuestra vida cotidiana, como por qué las instituciones de salud no entregan historiales clínicos o en qué condiciones se encuentran las compras de medicamentos que requerimos, por qué hay personas que no han recibido sus pensiones y demás información pública que no ha sido resuelta en estos 101 días porque el INAI no ha podido intervenir debido a que no tiene quórum legal.
Por lo anterior, es sumamente grave que el proyecto de sentencia de la ministra ponente refiera “parcialmente procedente la controversia constitucional interpuesta por el INAI, pues a su consideración declara la inexistencia de la omisión alegada de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de designar a las dos personas comisionadas del INAI”, es decir, desconoce las obligaciones explícitas que constitucionalmente tiene el Senado y sus efectos negativos que derivan en un estado de desprotección de las personas que vivimos y transitamos en el territorio nacional.
Llamamos a cada una y uno de los ministros a votar en contra del proyecto de la ministra Ortiz; y les exigimos que contribuyan a garantizar la protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a partir de una valoración desde el marco de los derechos humanos y los estándares más altos de protección.
Atentamente:
#LoQueDejamosDeSaber
Anexo
