Pese a ser un estado líder en diversas áreas económicas, Nuevo León no ha podido serlo en el tema anticorrupción. Sin estructura orgánica que prevenga y combata este fenómeno y sin una política en la materia, este estado se ha convertido en ejemplo de mala práctica en el combate a la corrupción a nivel nacional.
Con motivo del día internacional contra la corrupción que será el próximo 9 de diciembre, el pasado 28 y 29 de noviembre, se llevó a cabo en la Ciudad de México el “Encuentro de OSC: Construyendo Agendas Anticorrupción”, en el que cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, especializadas en la materia, se congregaron para compartir buenas prácticas a nivel nacional, así como para construir una agenda ciudadana en materia anticorrupción para 2023.
Si bien el encuentro tenía como finalidad compartir buenas prácticas para la construcción de la agenda, no pudo evitarse el poner sobre la mesa un caso de mala práctica muy preocupante a nivel nacional: el sistema anticorrupción de Nuevo León. Lo anterior, tanto por el retraso y la incapacidad para designar a las piezas clave del sistema, como por la falta de política estatal que pueda marcar un rumbo y dirección en el combate de esta calamidad.
Y es que el sistema anticorrupción de Nuevo León ha venido arrastrando una serie de problemáticas desde su conformación. Quiso ser un sistema innovador e incluyó en su Ley un mecanismo de participación ciudadana con el que ningún otro estado contaba: un Grupo Ciudadano de Acompañamiento que debería proveer de apoyo técnico al Congreso estatal para la designación de la Comisión de Selección. Mecanismo que fue motivo de un amparo y que los diputados y diputadas del Congreso local decidieron eliminar mediante una reforma fast track a la ley del sistema y sin considerar los argumentos de la ciudadanía.
Sin Grupo de Acompañamiento nombrado, no había tampoco Comité de Selección y sin este no había Comité de Participación Ciudadana. El llamado CPC, organismo articulador y vínculo con la sociedad civil, que debería estar conformado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio, se mantuvo incompleto desde 2018 y con una sola persona en el último año, la cual para colmo terminó su gestión el pasado mes de septiembre. Si de por sí nos hemos dado cuenta en otros estados que, con las condiciones actuales, 5 personas no logran hacer el trabajo de articulación y propuesta de política pública, es prácticamente imposible que una sola lo logre.
Todas la malas prácticas llevadas a cabo por los entes que integran el sistema anticorrupción del estado de Nuevo León, contrastan con una sociedad civil bien organizada que para muchas organizaciones en otros estados ha sido ejemplo de lucha y contrapeso gubernamental…
Así, el estado de Nuevo León tampoco cuenta con una política en materia anticorrupción, pues es precisamente el CPC quien hace la propuesta para que sea aprobada por el Comité Coordinador del Sistema. Al 22 de noviembre de 2022, Nuevo León, junto con Ciudad de México y Tamaulipas, es de las 3 entidades que no cuentan con una política en la materia.
Recientemente, en el mes de octubre, se logró que el Congreso designara finalmente un Comité de Selección, sin embargo, a decir de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esa entidad, se trató de un proceso que no se apegó a los más altos estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en materia de designaciones públicas y que dio como resultado perfiles no ciudadanos, ligados al servicio público y con desconocimiento de la materia.
Este Comité ya ha comenzado a mostrar un mal desempeño desde su primera responsabilidad de colaborar en la designación del Fiscal General del estado. El Comité recién conformado, continúa replicando malas prácticas tales como sesionar dentro del Congreso, con apoyo del personal técnico del mismo, contraviniendo la autonomía e independencia con la que debería contar; de igual manera, ha sido poco transparente y no ha establecido una metodología profesional y pública de evaluación de los aspirantes.
La sociedad civil ha hablado además de un Comité capturado por los partidos políticos. Esto resulta sumamente preocupante no solo para la actual designación del Fiscal General del estado, figura clave, junto con el Fiscal Anticorrupción, en la persecución de los delitos por hechos de corrupción; sino que preocupa que el próximo año se llevará a cabo la designación del Auditor Superior estatal, encargado de fiscalizar los recursos públicos.
Todas la malas prácticas llevadas a cabo por los entes que integran el sistema anticorrupción del estado de Nuevo León, contrastan con una sociedad civil bien organizada que para muchas organizaciones en otros estados ha sido ejemplo de lucha y contrapeso gubernamental, ¿será entonces que hay una tendencia del gobierno y los actores políticos de no escuchar a la sociedad civil y cerrar las puertas a la participación ciudadana?
Urge que los actores del sistema retomen el camino, lleven a cabo las designaciones pendientes bajo los máximos estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; para eso, deberán escuchar a la sociedad civil. También urge que, una vez designados, conformen una política anticorrupción que, de igual manera, considere las voces de la sociedad civil para hacer una política incluyente, con enfoque de Derechos Humanos y bajo una perspectiva étnico-género-generacional.
¿Nuevo León estará a tiempo de reivindicarse y ser punta de lanza en el tema anticorrupción o seguirá siendo ejemplo de malas prácticas a nivel nacional?