- La
inacción del Congreso local ha detenido los procesos de designación,
paralizando el funcionamiento de órganos clave del mismo. - Los posibles efectos de la limitación y
desaparición de los órganos de representación ciudadana en el Sistema Estatal
Anticorrupción debido a la reforma votada en período extraordinario por el
Congreso.
Monterrey,
Nuevo León, a 23 de agosto de 2022. El papel
que han jugado el Congreso del Estado y el Comité de Participación Ciudadana,
cómo la forma en que el Poder Judicial de la Federación ha incidido
indirectamente en la parálisis del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo
con los hallazgos del Informe parcial 2022 del Observatorio Ciudadano del
SEANL.
Al dar a
conocer los resultados del análisis, Sandrine Molinard; directora de Consejo
Cívico; Óscar Lozano, presidente de Consejo Cívico; y Mariana Perales, directora
de Hagámoslo Bien, precisaron que el reporte fue realizado por organizaciones y
universidades aliadas, para conocer el desempeño del Congreso del Estado y el
Comité de Participación Ciudadana.
Por inacción
del Congreso, desde el 2020 el Comité de Selección permanece sin ningún
integrante, cuando los 9 miembros del primer Comité terminaron su periodo de 3
años. La ausencia de este órgano, presenta graves riesgos, ya que debe
participar en la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Y es el propio Comité de Selección quien participa en los nombramientos del
Fiscal General, del Fiscal Anticorrupción, del Magistrado Anticorrupción, y del
Fiscal en Delitos Electorales.
En el 2021, por
presión ejercida desde la sociedad civil organizada, la Comisión Anticorrupción
del Congreso local retomó su responsabilidad de integrar los órganos acéfalos
del SEANL, lanzando la convocatoria para elegir a los 7 integrantes del Grupo
Ciudadano de Acompañamiento. Sin embargo, el proceso se detuvo a causa de un
juicio de amparo desde diciembre pasado, que a la fecha no ha sido resuelto por
el Poder Judicial de la Federación, otro retraso en los procesos.
Bajo este
pretexto, los diputados y diputadas locales presentaron una reforma a la Ley
del SEANL en fast track en mayo del
2022, misma que votaron en un periodo extraordinario. Dicha reforma aplana el
camino para conducir procesos de designación que limitan la vigilancia
ciudadana, y que facilitan imponer a candidatos afines a sus intereses de partido.
Modificaciones, que de publicarse en el Periódico Oficial del Estado, son
también un retroceso en materia de derechos humanos.
Ante el
contexto, Mariana Perales alertó que en el 2023 se estará eligiendo a un nuevo
Auditor Superior del Estado, con un Comité de Selección integrado bajo
condiciones de discrecionalidad a favor del Congreso y una escasa participación
ciudadana. Y mientras tanto las designaciones pendientes por realizar a cargo
del Congreso siguen detenidas por procesos judiciales.
El Comité de
Participación Ciudadana (CPC), como la
instancia que vincula a la ciudadanía, sociedad civil organizada y
academia con el Sistema Anticorrupción de Nuevo León y coadyuva al cumplimiento
de los objetivos del Comité Coordinado, ha sido un órgano inoperante y sin
resultados al contar con 1 de sus 5 integrantes, mismo que concluye su periodo
en septiembre próximo.
A la fecha no
existe una coordinación interinstitucional entre las autoridades que integran
el SEANL, tampoco una Política Estatal Anticorrupción ni mucho menos mecanismos
para que la ciudadanía participemos en la prevención y denuncia de faltas
administrativas y hechos de corrupción; tareas en las que deberían estar
concentrados el CPC, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva del SEANL.
En el mes de diciembre, se presentará el Informe completo del Observatorio Ciudadano del SEANL con el análisis de desempeño de las autoridades que integran el Sistema y se realizará un espacio de diálogo y rendición de cuentas abierto a la ciudadanía con las personas responsables las dependencias, informó Óscar Lozano. El Observatorio Ciudadano del SEANL es una iniciativa de Consejo Cívico, Hagámoslo Bien, Tec de Monterrey y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Universidad de Monterrey, U-ERRE que tiene como objetivo dar seguimiento al funcionamiento, operación coordinación y resultados obtenidos por cada institución pública encargada de prevenir, detectar y sancionar las actuaciones corruptas en la administración pública en Nuevo León.