Las condiciones que se han dado para el funcionamiento óptimo de los Sistemas Estatales Anticorrupción en Nuevo León, Sonora y Baja California, hacen evidente la importancia de establecer y respetar los principios de Parlamento Abierto para que los procesos de análisis de las reformas anticorrupción sean transparentes a la ciudadanía y colaborativas con la sociedad civil organizada.
El primer Seminario: Parlamento abierto en las reformas anticorrupción, organizado por Ethos Innovación en Políticas Públicas y Fuerza Ciudadana Anticorrupción, conversaron Amparo Menchaca, coordinadora del área Sociedad sin Corrupción de Consejo Cívico; Marcela Barraza integrante del Observatorio con Causa en Sonora; y Daniela Ramírez de Vigilancia Ciudadana en Baja California, bajo la moderación de Emiliano Montes de Oca.
En el contexto de Nuevo León, compartió Amparo Menchaca, los órganos ciudadanos comenzaron a quedar sin integrantes desde 2019, entre ellos el Grupo Ciudadano de Acompañamiento, el Comité de Selección y el Comité de Participación Ciudadana, ante la inacción del Congreso estatal para publicar las convocatorias de las vacantes a tiempo.
De cara a la condiciones, los mismos diputados del Congreso de Nuevo León, en mayo de 2022, aprobaron en periodo extraordinario las reformas a la Ley del SEANL que eliminaron al Grupo Ciudadano de Acompañamiento y los requisitos para la integración del Comité de Selección, acotando la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción y marcando un retroceso importante en los avances y la violación a los principios de progresividad de los derechos humanos en Nuevo León.
En Sonora se cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción incompleto, no se ha designado a un Secretario Técnico, y al 30 de julio el Comité de Participación Ciudadana quedará solo con 2 integrantes. Fue a inicio del 2022 cuando el gobierno estatal presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que sin ser socializada con la sociedad civil desde el Congreso local se aprobó el 7 de junio pasado.
En el proceso, se negó la participación de la ciudadanía, de acuerdo con Marcela Barraza. Por esto es que el Colectivo Ciudadano de Sonora realizó un análisis posterior e identificó cambios de interpretación de términos, cambios en las facultades de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, y la integración de nuevos miembros dentro del Comité Coordinador, que afectaría en el funcionamiento de la lucha contra la corrupción.
La condición del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California es similar. Desde 2021 la sociedad civil ha exigido la modificación de la ley anticorrupción del Sistema, misma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2020; sin embargo, los diputados no han cumplido con lo mandatado a la fecha.
Daniela Ramírez del colectivo Vigilancia Ciudadana coincide en la necesidad de contar con mecanismos reales de participación ciudadana, para que la ciudadanía con información se involucre y proponga, a la vez que se rinda cuentas y genere confianza.
Para contar con un parlamento abierto, efectivo y sistematizado, Amparo Menchaca reconoció la relevancia de que la sociedad civil organizada participe y evite la captura del Sistema Estatal Anticorrupción por los partidos mayoritarios en el Congreso; permanecer vigilantes de los procesos legislativos y de designación para señalar las fallar, violaciones u omisiones; asimismo, pedir el apoyo de los órganos autónomos para promover acciones de constitucionalidad cuando se den procesos cuestionables; así como mantenerse unidos desde la ciudadanía organizada para trabajar y proponer el colectivo.
Las experiencias compartidas en el seminario, de acuerdo con Ethos Innovación en Políticas Públicas el colectivo Fuerza Ciudadana Anticorrupción, reflejan que ha sido común que la sociedad civil no ha encontrado espacios de colaboración, tanto a nivel federal, como local: porque no se nos informa sobre la toma de decisiones, no se nos escuchan los posicionamientos, no se rinde cuentas de las decisiones tomadas por los legisladores y no hay consecuencias para quienes actúan contra Derecho.
Revisa aquí la sesión del primer Seminario: Parlamento abierto en las reformas anticorrupción.