- Cuestionamos cómo se están asegurando que se llegue a la justicia en los casos de presunta corrupción en Agua y Drenaje.
- La ciudadanía exige eficiencia, transparencia y respeto al derecho humano de acceso al agua.
Monterrey, N.L. 30 junio 2022.- Muchas de las crisis que vive Nuevo León hoy son producto de dos sexenios de mala administración pública y corrupción. Las desapariciones de personas, los feminicidios y su impunidad, el aire contaminado, la crisis del transporte público, el desarrollo urbano desordenado y ahora quizá la más presente: la falta de agua.
En el tema de la crisis del agua que los ciudadanos enfrentamos es urgente que el Gobierno estatal y las instituciones que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción, en particular la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría Estatal, investiguen y lleven ante la justicia el mal manejo de los recursos públicos y la corrupción identificada en la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey, del año 2009 a la fecha.
Si bien hoy es apremiante que las autoridades garanticen el derecho humano de acceso al agua, no debemos olvidar que, en la crisis actual, además de las condiciones ambientales se conjugan elementos como la falta de capacidad técnica, la ineptitud, la escasa de inversión en mantenimiento, el nepotismo, el desvío de recursos públicos para fines distintos a los autorizados, que han dejado a la paraestatal en condiciones adversas para responder a las necesidades de la población.
Desde 2021, cuando el Gobierno estatal asumió las riendas de la administración se exhibió en la prensa los esquemas de corrupción que operaban al interior del organismo. Se conoció también que se habían documentado dichas redes y presentado casos de corrupción ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Hoy estos actos de corrupción siguen impunes, como siempre. Ni el Sistema Estatal Anticorrupción, ni la Unidad de Inteligencia Financiera federal, ni la nueva Fiscalía General han logrado revertir los altos índices de impunidad en nuestro estado. ¿Por qué durante tantos años, pasaron desapercibidos los malos manejos de Agua y Drenaje por las auditorías de sus cuentas públicas?, ¿por qué los señalamientos hechos por los consejeros del organismo no fueron investigados por la Contraloría Estatal?, ¿por qué las autoridades no implementaron las acciones planteadas en el Plan Hídrico 2050 elaborado en el 2016? ¿Hasta cuándo las autoridades asumirán con seriedad su responsabilidad en el combate a la corrupción para evitar que situaciones catastróficas como estas se repitan en Nuevo León?
La sociedad civil organizada considera que la prioridad de este sexenio y de las dependencias responsables de atacar la corrupción y su impunidad debe ser rectificar los errores del pasado: no sólo el desvío de recursos, sino también las malas decisiones de inversión en obras no productivas y sin beneficios para la ciudadanía.
Es urgente cambiar los paradigmas con los que se han trabajado estos últimos 12 años. Exigimos a las autoridades una gestión gubernamental virtuosa y la toma de decisiones trascendentales en la asignación del presupuesto público que atiendan la crisis actual del agua con una visión a largo plazo, buscando mejorar significativamente el cuidado y la gestión de este vital recurso para nosotros, nuestros hijos y nietos.