Nos preocupa sobremanera:
- Que el objeto de todos estos enfrentamientos entre poderes sea el crecimiento, mantenimiento o defensa de cotos de poder, y no la construcción de un equilibrio esencial para cualquier democracia.
- La vulneración de las facultades de la ciudadanía, quién también tiene un importante papel que jugar en la vigilancia del trabajo del poder Ejecutivo y del poder Legislativo.
Monterrey, N.L. a 31 de mayo de 2022. Quienes habitamos Nuevo León estamos cansados de pleitos políticos, exigimos ver resultados contundentes en la resolución de los problemas que aquejan a Nuevo León, y principalmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad que es la causa raíz de la mayoría de los problemas del estado.
Hace unas semanas, fuimos testigos de un enfrentamiento entre la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo, y en los últimos días entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pareciera que a pesar de graves crisis como la del agua, movilidad, medioambiente, seguridad, corrupción, violencia contra las infancias y mujeres, impunidad, migración, por mencionar algunas; en vez de buscar vías de colaboración, coordinación y permanente comunicación, los diferentes poderes y niveles de gobierno están creando trincheras divisorias, eliminando la posibilidad de diálogos constructivos urgentes y necesarios para el desarrollo de nuestro estado.
Es urgente que el Ejecutivo enfoque sus energías y recursos a atender problemas críticos del Estado que le competen a él y su equipo, ya que su atención se ha desviado últimamente en lo que parece una campaña partidista desde una posición que se presta para irregularidades y falta de transparencia en el manejo de los recursos. Las elecciones ya pasaron y ahora exigimos resultados.
Por su parte, el Congreso ha propuesto una reforma para “dar autonomía” a la Unidad de Inteligencia Financiera, que actualmente depende del Gobernador, tiene aristas que ameritan análisis más profundos. El órgano estaría a cargo de prevenir los delitos fiscales y la desarticular redes de corrupción en el Estado, pero si el nombramiento de su titular depende del Gobierno estatal o del Congreso no necesariamente significa dar autonomía. El fondo del tema es dotar al organismo de una verdadera independencia y dientes para liderar investigaciones independientes, sin sesgos ni agenda partidista.
En la misma línea, el Congreso controla el nombramiento de magistrados en el Poder Judicial, de titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, y más recientemente la máxima autoridad en procuración de justicia y anticorrupción, el Fiscal General, Auditor General, Magistrado y Fiscal Anticorrupción. Ante la ausencia de resultados, ¿quiénes están evaluando su desempeño?
La ciudadanía está cansada de ser testigo de la lucha por acrecentar cotos de poder dentro de las instituciones cuyo objetivo debiera servir a los ciudadanos de Nuevo León, mientras se merma y limita cada vez más la participación ciudadana en la evaluación y vigilancia de dichos organismos públicos que deben dar cuentas de sus resultados.
Exhortamos a los poderes a tener la madurez y la altura de coordinarse y llegar a acuerdos, y sobre todo, pronto presentar resultados tangibles de su trabajo por el bien de la ciudadanía.