Pedimos al Estado indemnice a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y tortura por parte de Fuerza Civil

Monterrey, Nuevo León, a 16 de diciembre de 2021. El 26 de septiembre de 2020 en el área de los Cristales, municipio de Monterrey, elementos de Fuerza Civil del Estado de Nuevo León detuvieron arbitrariamente a 5 hombres indígenas tének a los que posteriormente torturaron y de los cuales ejecutaron extrajudicialmente a Claudio Francisco Martínez y Gregorio Santiago Margarito, sobreviviendo el ataque Jaime y Venancio de apellidos Santiago Margarito y Felipe Martínez Martínez. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León dio cuenta de estas graves violaciones a derechos humanos y delitos de derecho internacional en su recomendación 2/2021, emitida el 7 de mayo de este año, reconociendo la detención arbitraria, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública reparar el daño causado a las víctimas con diversas medidas, entre las que se encuentra la indemnización adecuada, recomendación que fue aceptada por el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua. 

Pese a que en septiembre de 2021 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas emitió el plan de reparación en el caso, la Secretaría de Seguridad Pública aún no indemniza a las víctimas. 

En este contexto, las víctimas, familiares de las personas ejecutadas extrajudicialmente y los sobrevivientes del ataque, han hecho un llamado al gobierno del Estado de Nuevo León, incluyendo al gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Tesorería Estatal, a cumplir las medidas de reparación correspondientes de tal forma que puedan seguir haciendo frente a las consecuencias de las graves violaciones a derechos humanos que implican la pérdida de los principales proveedores económicos de dos familias así como la incapacidad de dos de los sobrevivientes. 

Las organizaciones Consejo Cívico y Zihuame Mochilla, preocupadas por la prevalencia de la ley y el Estado de Derecho en Nuevo León, hacemos eco de la solicitud de las familias y realizamos un respetuoso exhorto al gobernador constitucional del Estado, Samuel García Sepúlveda, y al Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, a cumplir con sus obligaciones respecto de las familias afectadas y les indemnice, de manera inmediata, de acuerdo al plan de reparación integral emitido.