Monterrey, Nuevo León a 17 de noviembre de 2021. Desde hace 10 años, se está atendiendo la problemática de inseguridad en Nuevo León, con estrategias tradicionales de prevención del delito y reacción ante hechos delictivos. Sin embargo, hoy es necesario reenfocar las estrategias, para darle una mayor importancia en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 del Gobierno estatal, a una política pública integral y transversal de prevención social de la violencia.
Desde el 2012 se decretó la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, y hasta el año 2016 se publicó la política estatal de prevención, Nuevo León en realidad no ha realizado acciones integrales y transversales de prevención social de la violencia, al no contar con el presupuesto suficiente asignado y etiquetado para ello.
Una estrategia centrada en la prevención social de la violencia tiene como fin abordar las causas de la violencia y los factores de riesgo asociados a ésta para así impedir que ocurran actos violentos. Es decir: centrarse en atender las causas raíces de la violencia. Mientras que la prevención del delito puede ser entendida solamente como la interrupción del mecanismo que produce un evento delictivo.
Si bien se ha tenido cierta efectividad en reducir algunos delitos como el robo de negocios en los últimos 6 años, es evidente que otros delitos como el homicidio doloso crecieron 68% en el sexenio pasado; mientras la violencia familiar creció 37% en el mismo periodo. Esto evidencia que solo apostar a estrategias reactivas no ha dado resultados suficientes para reducir los niveles de violencia y por ende de inseguridad en nuestro estado. Es imperativo que Nuevo León busque atender las causas raíces de la violencia, y no sólo se enfoque en contener sus manifestaciones.
El nuevo gobierno estatal tiene la oportunidad de dar un golpe de timón y mandar un mensaje claro con su propuesta de presupuesto de Egresos 2022, que venga acompañado de la creación de un verdadero gabinete transversal en el que se involucren a las distintas secretarías que deben atender de manera conjunta e integral las formas de violencia que se viven en Nuevo León.
La sociedad civil organizada, academia, iniciativa privada y el gobierno tenemos ante nosotros la posibilidad de colaborar para cambiar los paradigmas existentes, y co-crear nuevas políticas públicas, y un nuevo marco de actuación con una visión sistémica.
Los aspectos de una nueva política estatal de prevención social de la violencia deben integrar las dimensiones del diseño de la política pública; planeación y orientación a resultados; cobertura y focalización; operación y gestión; percepción de la población atendida; medición de impacto y evidentemente un presupuesto que sostenga esta política.
Estaremos atentos al proyecto de egresos que presente el Ejecutivo, y hacemos un llamado al Congreso del estado para que tome en consideración en su análisis esta nueva dimensión, para que no solo se siga apostando a las estrategias reactivas, sino que realmente se empiece a operar un cambio profundo en las estrategias de combate a la inseguridad y violencia en nuestro estado.