La desaparición de personas es un problema social que tiene sus inicios, en México, en el periodo de la guerra sucia (desde finales de los años 60, hasta finales de los 80). Tal vez el caso más representativo de las desapariciones de dicho periodo es el de Rosendo Radilla Pacheco, líder social del municipio de Atoyac, lo que impactó de manera significativa la forma en la que estudiamos y ejercemos el derecho en México. En Nuevo León también ocurrieron desapariciones durante ese periodo y estas aún siguen impunes.
De manera más reciente, entre 2009 y 2012, en el marco de la militarización de la seguridad pública a partir de la denominada “guerra contra el narcotráfico” hubo un aumento sin precedentes en los casos de desaparición de personas en el estado. Estas fueron cometidas tanto por agentes del estado como por particulares. Es decir, se trata de casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Aunque en aquel entonces el marco normativo local no contemplaba ninguna de estas dos figuras.
Miles de familias se vieron impactadas por la desaparición de un ser querido. Además de iniciar la búsqueda de su ser querido, se organizaron en procesos colectivos que les permitieron seguir adelante en un contexto que les cerraba todas las puertas, en comunidades que no comprendían por lo que estaban pasando y que además les estigmatizaban por lo sucedido.
Gracias a estos colectivos de familias de personas desaparecidas, y sus acompañantes, el marco normativo e institucional en la actualidad ya contempla la desaparición de personas. Sin embargo, quedan algunos temas pendientes por atender y reflexionar.
El primero de ellos es que las desapariciones siguen ocurriendo, si bien no en la escala en la que ocurrieron entre 2009 y 2012; pero las desapariciones de personas no han cesado en la región. No parece existir una política clara para prevenir las desapariciones, los recursos se han destinado a la búsqueda, pero no a la prevención.
En México, a diferencia de otros países, la búsqueda de las personas desaparecidas y de justicia, se está dando en un contexto de violencia continuada, lo que ha resultado en amenazas para las familias y sus acompañantes. En algunos estados, madres buscadoras han sufrido ataques por parte de la delincuencia organizada durante sus búsquedas en campo. Ante esto, es sumamente importante que los estados implementen mecanismos de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pues el mecanismo que opera desde SEGOB no se da abasto para atender todos los casos de amenazas que ocurren a lo largo de la república.
«Las desapariciones siguen ocurriendo, si bien no en la escala en la que ocurrieron entre 2009 y 2012; pero las desapariciones de personas no han cesado en la región. No parece existir una política clara para prevenir las desapariciones, los recursos se han destinado a la búsqueda, pero no a la prevención.»
Aunado a esto, aunque el marco normativo e institucional ha mejorado, la coordinación entre autoridades tanto del mismo estado como entre distintos estados o estados y la federación, sigue siendo un reto. A la fecha no se han dado a conocer planes regionales de coordinación interestatal, y aunque han habido esfuerzos de coordinación para atender algunos casos concretos, estos se quedan cortos ante la dimensión de la problemática.
Asimismo, el acceso a la justicia sigue siendo una tarea pendiente del Estado. Los casos de desaparición siguen impunes. Algunos han sido judicializados pero muy pocos por los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Cabe mencionar que no todos los casos de desaparición se encuentran radicados en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en contravención de lo que establece la Ley General de la materia. La Fiscalía Especializada necesita ser fortalecida de manera urgente y rendir cuentas de los resultados de los miles de casos de desaparición en el Estado.
Por otro lado, la escala de la problemática de desaparición de personas en México ha originado una crisis forense. Aunado a los cuerpos sin reconocer, existen demasiados restos en fosas clandestinas. La forma en la que la delincuencia organizada se ha desecho de los cuerpos dificulta gravemente el trabajo de identificación de los restos, por lo que las fiscalías deben invertir suficientes recursos en sus laboratorios, capacitación de peritos y bases de datos para responder de mejor manera a esta problemática que rebasó a todas las autoridades en México. En Nuevo León, la Fiscalía cuenta con el apoyo de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP), gracias al financiamiento de USAID en un proyecto que gestiona CADHAC.
Es sumamente importante que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) reconozca los distintos esfuerzos que se han realizado en las fiscalías locales, y que éstas se coordinen con las comisiones locales de búsqueda para desarrollar registros estatales de personas desaparecidas, basados en una metodología sólida, que puedan luego compartirse con la federación para la integración del registro nacional.
Y en este contexto ¿qué hacer ante la desaparición de un ser querido?
En Nuevo León tanto el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata, como la Comisión Local de Búsqueda, reciben reportes de desaparición de personas y deben iniciar inmediatamente las diligencias para encontrar a la persona reportada como desaparecida. Aunado a ello, en cualquiera de estas dos instancias orientan a las personas para la presentación de la denuncia correspondiente ante los Centros de Orientación y Denuncia de las FGJNL. Cabe destacar que no es necesario esperar 72, 48, 24 o cualquier número de horas para que se recabe la denuncia por desaparición, por lo que ninguna autoridad debe negarse a ello o pedir que esperen para hacerlo.
Aunado a ello, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEEAV, debe brindar acompañamiento jurídico y psicológico a las personas que lo necesiten en la búsqueda de justicia y de su ser querido.
En este contexto de transición gubernamental, es necesario que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, reconozcan la desaparición de personas y la incluyan en sus agendas, pues sólo a través de la articulación de todo el aparato estatal podrá darse una respuesta a la altura de la problemática.