El Congreso pretende ser un superpoder

Monterrey, Nuevo León, a 17 de junio del 2021. En Consejo Cívico exigimos a la actual Legislatura detenga de inmediato el intento de adjudicarse atribuciones que le corresponden solo al Ejecutivo del Estado y que se dedique a atender los asuntos legislativos pendientes como son la revisión de las cuentas públicas, evitando el rezago que tiene, producto de su ineficiente gestión.

De nueva cuenta, aprovechando un periodo extraordinario, el Congreso del Estado pretende sospechosamente operar cambios legislativos para pagar cuotas a sus compromisos políticos y asignarse el poder y control absoluto de nombramientos, para controlar a los titulares de órganos descentralizados como son Agua y Drenaje, la Red Estatal de Autopistas, Metrorrey, el Instituto de Movilidad y Simeprode; cuando por disposición de la Ley y la lógica esa atribución corresponde al Gobernador del Estado electo.

La reforma silenciosa que pretende promover el poder legislativo, no sólo intenta convertir a ese poder en un órgano todopoderoso en materia de nombramientos, sino que además diluye responsabilidades y crea compromisos: ¿a quién deberán responder los titulares de los órganos descentralizados: al Congreso quien los nombró, o a su jefe orgánico, el Gobernador?

El Congreso estatal debe recordar un principio básico: es el Ejecutivo el responsable último ante la ciudadanía de brindarnos todos estos servicios, con eficiencia y eficacia, con honestidad y transparencia, y de la forma más profesional. Por esto es el Gobernador quien realiza dichos nombramientos y atiende los reclamos ciudadanos en caso de que los funcionarios que haya nombrado no estén dando resultados satisfactorios.

Los diputados de la actual Legislatura pretenden además aprobar las reformas a las leyes orgánicas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, la Red Estatal de Autopistas, Metrorrey, Instituto de Movilidad y Simeprode de la misma forma en que lo han venido haciendo durante estos 3 años, cuando se trata de beneficiar sus propios intereses: en total opacidad y en fast track.

Hemos señalado a lo largo de los últimos tres años, los escasos y pobres resultados de la actual Legislatura, y la ausencia total de receptividad a iniciativas ciudadanas o al Bien Superior de nuestro estado. Este último intento es de sorprendernos, es una muestra más de su nula calidad moral y falta de respeto a los ciudadanos de Nuevo León.

Desde la ciudadanía organizada exigimos a los diputados locales detengan cuanto antes su voraz intención de hacer las reformas respecto a dichos nombramientos y se enfoquen a resolver y atender los asuntos de la enorme cartera de pendientes en este periodo extraordinario, para no heredar este pasivo y responsabilidad a la siguiente Legislatura.

Confiamos que los diputados y diputadas de la siguiente Legislatura levantarán la voz al unísono con los miembros de la sociedad civil, de conformidad al artículo 66 fracción IV de la Constitución política del Estado en relación con el artículo 88 del Reglamento Interior del Congreso estatal.