Últimamente, pareciera que en México y en todo el mundo existe una tendencia clara de los gobiernos a acotar el trabajo de la sociedad civil organizada por medio de leyes restrictivas, y barreras a la realización de sus actividades. Esto es grave: al hacerlo se limita el derecho a la libre asociación garantizado en la declaración internacional de derechos humanos, y se truncan una serie de proyectos y programas en favor de las comunidades, cuya ausencia sería desastrosa.
La sociedad civil organizada es un sector con influencia y presencia en la vida pública de muchos países, y por sus funciones es normal que en ocasiones sea incómoda para para los gobiernos: cuestionar y ser contraparte es parte de su naturaleza. Sin embargo, es urgente que la comunidad reconozca los enormes avances que se han logrado gracias al trabajo de grupos sociales organizados, como las reformas que permitieron la transparencia y acceso a la información, la protección efectiva del medio ambiente, o los derechos de grupos vulnerables a ser reconocidos en espacios de decisión entre muchos otros. Todo este trabajo y las causas de la sociedad civil son de interés público, las organizaciones civiles mismas son de interés público. Por ello, es urgente que en vez de que los gobiernos creen entornos adversos a su trabajo, y limiten su alcance y acciones, se dé un giro a políticas de fomento, inclusión y promoción de las organizaciones como agentes fundamentales del cambio social.
Desafortunadamente, México no es ajeno a la dinámica restrictiva y limitante que se observa a nivel mundial. Incluso, en los últimos dos años se han profundizado estas tendencias a complicar el trabajo que realizan las asociaciones e instituciones de beneficencia pública. Desde el año 2019, por ejemplo, se eliminó el presupuesto de INDESOL y se cancelaron fondos asignados con anterioridad a ciertas asociaciones para realizar acciones sociales. El intento más reciente de obstaculizar la labor de la sociedad civil tiene que ver con una Iniciativa del Ejecutivo federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, en su anexo D.
Esta reforma propuesta por el Ejecutivo federal demuestra cómo hace ya años que el gobierno criminaliza a todas las organizaciones civiles por los pecados de unas cuantas, en total desconocimiento de causa, sin entender el verdadero alcance e impacto del sector social en México.
Este desconocimiento impide al gobierno ver a la sociedad civil como lo que es: un aliado imprescindible para atender o solucionar muchas problemáticas que requieren de unas intervenciones sistémicas y multisectoriales. Para que las organizaciones civiles puedan ser aliadas del gobierno y atender de lleno sus causas, necesitan un entorno favorable y que se simplifiquen los requisitos y reglas a las cuales están sometidas, y no estarse preocupando constantemente por ser objetos de una cacería de brujas de parte del gobierno.
«El gobierno criminaliza a todas las organizaciones civiles por los pecados de unas cuantas, en total desconocimiento de causa, sin entender el verdadero alcance e impacto del sector social en México.«
La gran mayoría de las asociaciones e instituciones sin fines de lucro trabajan con las uñas, con recursos muy limitados, para aliviar grandes males de nuestro país, como la pobreza, la discriminación, la falta de inclusión, la corrupción, la depredación del medio ambiente entre muchas otras. Para realizar su labor, deben recurrir a la generosidad de los mexicanos, o bien a crear modelos de sostenibilidad que les permita financiar sus acciones desinteresadas.
El frágil equilibrio de nuestra sociedad y la atención a muchos grupos vulnerables depende en gran parte de este tipo de organizaciones, y ahora pende de un hilo. Resulta lamentable, pero también peligroso, que se pretenda crear más obstáculos a la realización de su labor, a la consecución de financiamiento, o inclusive, a la participación de voluntarios en sus consejos directivos. Debilitar a la sociedad civil en México tendría consecuencias muy adversas sobre nuestra democracia, sobre el equilibrio de poderes, y la libre expresión.
Reconocer el rol que juega la sociedad civil en nuestro país nos ayudará a defenderla y fomentar sus acciones que a todos nos favorecen. Si queremos seguir luchando para corregir los problemas estructurales de México, es urgente que nos demos cuenta que no será posible sin la participación activa de un sector social fortalecido, de ciudadanos organizados e instituciones sociales que puedan contribuir de manera significativa a estas transformaciones. Ante los nuevos intentos de restringir a la sociedad civil, hoy necesitamos todos y todas, salir a defenderla.