Monterrey, Nuevo León, a 03 de julio de 2020. En el mes de mayo, la fracción legislativa del PRI, con apoyo de la mayoría de las bancadas de los otros partidos, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado encaminada a atender el complejo fenómeno metropolitano, y la gobernanza de la zona conurbada de Monterrey.
Reconocemos la intención de los diputados del Congreso del Estado por tratar de encontrar soluciones metropolitanas a problemas de interés común. Sin embargo, creemos que el interés de los diputados de monopolizar los procesos de nombramientos, rebasa su competencia y pretenden un súper poder, prestándose históricamente a la partidización de los órganos.
Al revisar la iniciativa presentada en el Congreso de Nuevo León, nos preocupa que se pretenda modificar los nombramientos de Directores y Secretarios Técnicos de Organismos Públicos Descentralizados, Agua y Drenaje, la Red Estatal de Autopistas (REA), Metrorrey, Simeprode y el Instituto de Movilidad, para que éstos sean nombrados por los diputados.
Recordamos a los integrantes de la LXXV Legislatura, que las atribuciones relacionadas con la prestación de servicios que atienden estos organismos descentralizados, son potestad del Poder Ejecutivo, y no es correcto que el poder Legislativo pretenda realizar estos nombramientos como se propone en esta reforma constitucional. La iniciativa de ser aprobada quedaría sujeta a ser objeto de controversia constitucional
En los últimos años, los procesos de nombramientos y designaciones han sido señalados por utilizarlos como botín público de los partidos. La sociedad civil organizada en diversas ocasiones lo ha referido, por ejemplo con los nombramientos de titulares en el Sistema Estatal Anticorrupción, en el Poder Judicial, y en órganos autónomos como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado o la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Esto evidencia la necesidad de diseñar de manera creativa y vanguardista procesos de selección y designación en puestos públicos de esta importancia que garanticen que sean expertos quienes lleguen a ocupar estas posiciones, por su currículum y experiencia, por sus méritos, reputación y por su neutralidad política.
Consideramos que las designaciones deben realizarse a partir de una convocatoria pública, abierta a la participación de cualquier ciudadano interesado y competente para el puesto, propuestos por el Ejecutivo. Y es recomendable que estos procesos de designaciones incluyan la participación de representantes de las cámaras empresariales, las universidades y la sociedad civil, en el escrutinio de los candidatos.
Exhortamos al Congreso de Nuevo Léon para que revise a detalle este aspecto de la iniciativa, y recomendamos abrir la discusión sobre la posibilidad de crear una Ley de Designaciones Públicas para el Ejecutivo de Nuevo León, que empiece a crear una nueva cultura de meritocracia y participación de los mejores expertos al frente del desarrollo del Estado. Nuevo León merece a los mejores hombres y mujeres en la administración pública, sin influencias partidistas, sin cuotas, ni cuates.
Suscriben este comunicado:
- Consejo Cívico
- Canaco Monterrey
- Caintra Nuevo León
- Coparmex Nuevo León
Imagen: Congreso NL