Ante la falta de avances significativos en el combate y la prevención de hechos de corrupción, la Coalición Anticorrupción presentó el día de hoy un escrito para la Contraloría del Estado en el que solicita que aclare cuáles han sido los resultados obtenidos con respecto a la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los cuatro años del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
Esta solicitud se suma a la hecha el día de ayer al Congreso del Estado para atender el nulo avance a los compromisos adquiridos por los diputados en los temas de lucha contra la corrupción.
La corrupción es el principal obstáculo para la competitividad de nuestro estado y es fomentada por la impunidad, la discrecionalidad, la falta de transparencia y la ausencia de órganos con vocación, autonomía y herramientas necesarias para su combate. De igual forma se alimenta de la falta de voluntad política de las autoridades responsables de combatirla.
En ese sentido la Contraloría es una de las autoridades claves para el combate a la corrupción, ya que dentro de sus atribuciones está la de INVESTIGACIÓN de actos de corrupción a través de la Unidad Anticorrupción, la SUBSTANCIACIÓN de los procedimientos de posibles responsabilidades administrativas, y la SANCIÓN de esos actos a través de la Dirección Jurídica. La poca importancia que se le da a esta dependencia del Gobierno estatal, tanto desde el Ejecutivo, como desde el Congreso, quedó más que evidenciada por el largo periodo sin contar con un Titular, y a la fecha, queremos destacar que su Unidad Anticorrupción sigue sin contar con una titular cuyo nombramiento sea apegado a leyes.
Los medios de comunicación han difundido a la ciudadanía varios casos a lo largo de estos años, mismos que han quedado impunes, en gran parte por la débil actuación de la Contraloría, que parece funcionar como un órgano a modo de los intereses de los corruptos, en vez de ser un escudo protector de los hechos de corrupción en el seno del gobierno estatal. Nos referimos a: El caso de los funcionarios públicos que participaron en sus jornadas laborales, en la recolección de firmas para apoyar la campaña electoral de Jaime Rodríguez Calderón, su jefe, sin que a un año y medio de estos hechos señalados por el Tribunal Federal Electoral se haya dado a conocer con detalle qué sanciones fueron aplicadas, a qué funcionarios, y con qué resultados.
- El caso de los funcionarios públicos que participaron en sus jornadas laborales, en la recolección de firmas para apoyar la campaña electoral de Jaime Rodríguez Calderón, su jefe, sin que a un año y medio de estos hechos señalados por el Tribunal Federal Electoral se haya dado a conocer con detalle qué sanciones fueron aplicadas, a qué funcionarios, y con qué resultados.
- El caso emblemático de la suegra del gobernador, María Teresa Martínez Galván, quién sin nunca haber sido vista por sus colegas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, cobró un sueldo, y además se vio recompensada por sus inasistencias, con un aumento salarial del 133%. A la fecha no sabemos quién ordenó su contratación, quién supervisaba a esta persona, ni quién autorizó un aumento tan desmedido de salario sin justificación.
- 3) Finalmente queremos recordar el primer caso surgido en los primeros meses de esta administración, por la compra de unas cobijas, el cual nunca ha sido aclarado a cabalidad ni conocemos de las sanciones aplicadas a qué responsables.
Todo lo anterior se agrava por la opacidad que fomenta la misma Contraloría estatal, al no transparentar el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados de forma sencilla y accesible para el ciudadano.
Los ciudadanos de Nuevo León debemos tener el derecho de conocer quiénes son los servidores actualmente inhabilitados para trabajar en cualquier gobierno por haber cometido responsabilidades administrativas, para ser vigilantes de que efectivamente no sean recontratados mientras dure su inhabilitación.
Exigencias para la Contraloría:
- Transparentar y explicar a la ciudadanía de manera completa, el estatus en que se encuentra los procedimientos de responsabilidad administrativa que la Unidad Anticorrupción no ha podido terminar de investigar respecto a las firmas para la candidatura a la presidencia del Gobernador Jaime Rodríguez, recabadas por servidores públicos en jornada laboral.
- Publicar el estatus de las investigaciones abiertas en relación con el tema del desmedido aumento a la suegra del Gobernador Jaime Rodríguez, además de todas las contrataciones similares realizadas en la administración, según lo ha dado a conocer el ahora Contralor, como fruto de una auditoría al respecto.
- Informar sobre procesos de investigación que se han abierto por contrataciones indebidas, es decir autoridades que han contratado a servidores públicos que se encuentran inhabilitados, como es el caso de la contratación en Monterrey de Federico Vargas Rodríguez, actual Secretario de Infraestructura del Municipio de Monterrey.
- Informar sobre los procesos de adjudicación directa y compras sin licitación realizadas por la administración estatal en los últimos años, tal como la compra de camiones realizada por Metrorrey para operar rutas exprés en la periferia, así como compras realizadas por la Secretaría de Salud con sobrecostos.
Exhortamos al Gobernador a realizar el proceso de nombramiento del o la Titular de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, con el fin de que se dé un seguimiento puntual a todos estos casos, con la seriedad y transparencia que requieren.
La Coalición Anticorrupción de Nuevo León está integrada por CAINTRA Nuevo León, Ciudadanos Contra la Corrupción, Evolución Mexicana, Colegio de Abogados de Nuevo León, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, COPARMEX Nuevo León, CANACO Monterrey, Vertebra, ANCIFEM, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Regiomontana (U-ERRE), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM), entre otros.