Nuevo León cuenta con muchos ciudadanos, redes, y colectivos realizando trabajos comunitarios, atendiendo a un sinfín de causas sociales. También existen asociaciones civiles, organizaciones de beneficencia privada, organismos intermedios, y fundaciones, que de manera institucional y formal operan proyectos y programas para atender problemáticas de nuestro estado. A pesar de que la suma de todos estos esfuerzos representa una aportación importante al PIB y a la generación de bienestar, muchas veces se queda invisible, al no tener el debido reflector. Y mucho menos, estos miles de ciudadanos y organizaciones comprometidos, cuentan con apoyo, respaldo e incentivos de las autoridades para realizar su noble labor.
Si queremos saber exactamente cuántos ciudadanos están realizando algo por su comunidad de manera voluntaria y sin remuneración alguna, o cuántas asociaciones e instituciones de beneficencia privada trabajan, dónde y en qué temas, resulta sumamente complejo, al carecer de un registro único de tantas iniciativas. La consecuencia de lo anterior, es la gran desarticulación del sector social en Nuevo León, no sólo en el seno de este sector, sino también su desarticulación con el gobierno y la iniciativa privada.
A pesar de ser reconocido el sector social de Nuevo León por la trascendencia de las acciones que ha emprendido en los últimos cincuenta años, poco se ha hecho desde lo institucional y gubernamental para darle una verdadera fuerza. No existe una Ley en nuestro estado que impulse e incentive los esfuerzos ciudadanos solidarios, voluntarios y desinteresados, como las hay por ejemplo para incentivar otros sectores económicos.
Es por ello que más de 112 organizaciones, colectivos, redes e iniciativas sociales presentamos ante el Congreso local, el pasado 25 de septiembre, la iniciativa de Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada de Nuevo León a fin de reconocernos dentro de la agenda pública y promover la profesionalización del sector para su crecimiento y legitimidad. Esta Ley se ha desarrollado a partir del estudio de la Ley de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil que existe a nivel federal, y de la experiencia de otros 15 estados que también cuentan con sus propias leyes.
La principal innovación de la Ley de Nuevo León, es que busca reconocer todos los esfuerzos de ciudadanos organizaciones, aún y cuando éstos nos se realicen por medio de una entidad legalmente constituida. Proponemos la creación de un Registro Estatal de la Sociedad Civil Organizada, una plataforma viva y abierta de vinculación directa entre ciudadanos y organizaciones para impulsar el crecimiento y la colaboración. Buscamos que la nueva Ley sea un instrumento real de empuje a las actividades ciudadanas en pro del bienestar integral de nuestra comunidad.
Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico direccion@consejocivico.org.mx