Monterrey, Nuevo León, a 23 de julio de 2019. Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León, abren la puerta a que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien decida sobre la legalidad del artículo 32 de esta legislación.
Desde antes de su aprobación por parte del Congreso local, en la Coalición Anticorrupción señalamos que la Ley vulneraría los derechos humanos relacionados con la vida privada y la protección de datos personales de particulares que son proveedores del sector público. También señalamos que era absurdo aplicar a los particulares un mecanismo diseñado para servidores públicos, y que lo importante era fortalecer los medios para evitar y castigar la participación de particulares en hechos de corrupción, tales como el régimen de extinción de dominio y la identificación de empresas fantasma y prestanombres.
Los organismos autónomos como la CNDH, la CEDH y el INAI, que han recurrido a la Suprema Corte por esta razón, han coincidido con nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil, en que se trata de una medida desproporcionada que viola la Constitución Federal y la Ley de Protección de Datos Personales. Estas y otras consideraciones llevaron a que se eliminara una disposición similar de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que aplica a nivel nacional.
La Coalición Anticorrupción considera que el artículo 32 de la Ley estatal, más allá de atacar la corrupción, puede generar nuevas oportunidades de actos de corrupción, como la extorsión a particulares y de empresas que deseen participar en licitaciones o concursos, o la participación de empresas fantasma o particulares coludidos con funcionarios corruptos.
Las organizaciones civiles, ciudadanos y organismos de la iniciativa privada que somos parte de la Coalición Anticorrupción, reconocemos y aplaudimos esta responsable tarea judicial de los organismos autónomos y estaremos al pendiente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
