Monterrey, 15 de julio de 2019. Luego de las solicitudes de la Coalición Anticorrupción y diversos ciudadanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentaron por separado acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León al considerar que viola los derechos humanos.
La decisión se da luego de que dichos órganos consideraran que el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades vulnera los derechos humanos relacionados con la vida privada y la protección de datos personales de particulares quienes deberían de presentar su 3de3 para poder ser proveedores de bienes o servicios dentro del sector público.
Previo a la aprobación por unanimidad que se dio en el pleno del INAI el pasado 3 de julio para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los comisionados destacaron que la Ley de Responsabilidades Administrativas obliga solamente a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, y no para personas físicas y morales.
Asimismo, coincidieron en que la Ley 3de3 de Nuevo León, va en contra de la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales, razón por la cual esta disposición no se incluyó en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mientras tanto, Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo énfasis en que las únicas personas que se están obligadas a rendir ese tipo de declaraciones son las que pertenecen al servicio público. De tal forma que incluir a los particulares en esta disposición va en contra de la Constitución.
En tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo el mismo argumento, pidió este 15 de julio a la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León.
Fue el pasado 15 de mayo cuando el Congreso de Nuevo León aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas cuestionada por organizaciones civiles y ciudadanos al obligar a accionistas, propietarios, socios y representantes legales a presentar su 3de3. Ésta entró en vigor el 7 de junio tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien finalmente decida si los artículos que han sido señalados como excesivos se aplican en Nuevo León.
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