Monterrey, Nuevo León, martes 05 de marzo de 2019. En los últimos 15 años, no había existido una crisis de movilidad tan aguda en nuestra área metropolitana como la que enfrentamos ahora. La falta de acciones sistémicas, integrales, con visión de largo plazo del actual gobierno estatal, sumada a la ausencia de un diálogo efectivo entre quienes toman las decisiones, está teniendo efectos desastrosos para los usuarios del sistema de transporte urbano.
A pesar de que desde 2018 algunos organismos ciudadanos y empresariales hemos llamado a que se tomen medidas mucho más eficientes para resolver esta problemática, es evidente no se ha hecho nada serio al respecto. En los últimos tres años, el actual gobierno estatal ha dado amplias muestras de carecer de liderazgo en la integración de una política pública que abone a la eficiencia del transporte.
Tanto las pocas soluciones implementadas, como la creación de consorcios regionales han sido insuficientes para atender el problema de los usuarios en sus zonas, profundizando la situación crítica de ciertas rutas urbanas que ni siquiera logran un punto de equilibrio en su operación, haciendo en algunos casos inviable seguir operando éstas.
Considerando lo anterior, las medidas anunciadas en fechas recientes por la Agencia Estatal de Transporte, que son urgentes desde hace 3 años, llegan tarde. Estamos ante una situación que requiere dos tipos de soluciones: las inmediatas, de atención y contención de crisis; y las de largo plazo, que requieren de una reestructuración y transformación completas de nuestro sistema de movilidad actual, con base en datos, y la participación de expertos. Que de no considerarse, estamos situados hoy al borde de un inminente colapso del servicio del transporte público.
Frente a esta situación, nos quedan muchas dudas sobre si los actuales líderes políticos tienen lo que se requiere y la capacidad para atender tanto lo inmediato como lo de largo plazo.
Es urgente que nos ocupemos en este problema todos los sectores que nos vemos afectados por esta grave situación, dejando atrás las negociaciones a puerta cerrada y la información parcial que algunos actores han privilegiado hasta hoy, y priorizando las necesidades de los usuarios, teniendo como base un plan de movilidad responsable e integral para la zona metropolitana.