Piden al Congreso aprobar leyes pendientes del SEA

Monterrey, Nuevo León, a 17 de octubre de 2018. La pasada Legislatura dejó un rezago importante en la agenda de reformas legales para fortalecer el combate a la corrupción. Desde las campañas electorales, un nutrido grupo de organismos civiles, empresariales y académicos, propusieron a los candidatos a diputados una Agenda Anticorrupción, que pone énfasis en atender este rezago. De allí que en junio, 16 legisladores locales firmaron los Compromisos por un Nuevo León Sin Corrupción, que los compromete  para legislar en la materia antes de terminar este primer periodo.

Por lo anterior, integrantes de la Coalición Anticorrupción sometieron a consideración de la actual Legislatura, una propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3) y de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, para que sean turnadas a las Comisiones correspondientes y se empiece su análisis lo antes posible.

Si bien la Ley 3de3 fue aprobada a nivel nacional en 2016 como parte de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en Nuevo León no se ha votado una Ley estatal que permita homologar criterios con la federación. Además, la Coalición Anticorrupción está proponiendo innovaciones para fortalecer a las autoridades encargadas de su implementación y aplicación.

La homologación de la Ley de Responsabilidades Administrativas o Ley 3de3:

    • Establece claramente las obligaciones de los servidores públicos.
    • Identifica los hechos de corrupción e impone sanciones para servidores públicos y particulares que hayan participado.
    • Define los procesos para un juicio en materia de hechos de corrupción y quiénes son las autoridades que deben de actuar.
    • Fortalece los mecanismos de integridad en las empresas para generar corresponsabilidad en la lucha anticorrupción.

Las propuestas de la Coalición prevén sanciones severas para funcionarios y particulares; como la inhabilitación de empresas para participar en licitaciones o su disolución en casos graves de corrupción; así como la reparación del daño. Propone también que si un funcionario comete un acto irregular, sus superiores jerárquicos inmediatos tengan también una responsabilidad por estos éstos. Así también, propone que particulares que incurran en hechos irregulares sean sancionados administrativamente.

En cuanto a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nuevo León, se propone que se homologue con la Ley General válida a nivel nacional. La Coalición además integra avances como la obligación de la Auditoría estatal de fiscalizar y actuar inmediatamente al detectar irregularidades o faltas administrativas graves, sin necesitar autorización del Congreso estatal. Además de la obligación de utilizar formatos abiertos en informes y dictámenes de la Auditoría.

La Ley de Fiscalización tiene como objetivo:

  • Fortalecer a la auditoría, otorgándole mayor autonomía. Recordando que este órgano es responsable de fiscalizar cómo se gasta el dinero público.
  • Establecer que los dictámenes de la Auditoría sean definitivos y no requieran aprobación del Congreso.
  • Otorgar a la Auditoría la capacidad y la obligación para revisar situaciones irregulares durante el ejercicio fiscal en curso. Poner una denuncia o iniciar una investigación por indicios de corrupción.

Los integrantes de la Coalición Anticorrupción llamaron al Congreso de Nuevo León a abrir la discusión de estas leyes cuanto antes, realizando mesas de trabajo públicas, invitando a la sociedad civil a participar y buscando que Nuevo León vaya más allá en el combate a la corrupción que lo que se logró a nivel nacional.

COALICIÓN ANTICORRUPCIÓN, conformada por:
CAINTRA, CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, EVOLUCIÓN MEXICANA,
FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE NUEVO LEÓN, CONSEJO CÍVICO DE INSTITUCIONES DE NUEVO LEÓN A.C., COPARMEX NL, CANACO NL,UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (UANL), UNIVERSIDAD
REGIOMONTANA (U-ERRE), INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM), UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE
MONTERREY (UMM), VERTEBRACIÓN SOCIAL A.C. y ciudadanos a título personal: Margarita Ríos Farjat, Javier Navarro, Jesús Cantú Escalante