Viernes 14 de septiembre, 2018 El día de hoy, la Comisión de Costos del Consejo Estatal de Vialidad y Transporte, en la cual participa Consejo Cívico, sesionó para dar su recomendación sobre la propuesta del aumento de tarifas de diversas modalidades de transporte público, que fue sometida por el Gobierno estatal y asociaciones de transportistas (transporte urbano y taxis).
Durante esta sesión hemos manifestado nuestra inconformidad por la forma en que ha estado operando este Consejo, tomando en cuenta que no se ha convocado a una reunión desde octubre de 2015; y que su Comisión de Costos sólo se ha reunido en dos ocasiones a lo largo de estos tres años, sin dar seguimiento a los acuerdos generados.
El retraso acumulado en la elaboración y presentación del PIMUS (Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable) es otro motivo de nuestra inconformidad. Este Plan se anunció hace dos años, pero no ha empezado a elaborarse al día de hoy. El PIMUS debe de dar sustento a cualquier decisión de política pública en materia de movilidad que se realice en el Estado, mismas que deben ser diseñadas en base a evidencias y datos.
Tomando en cuenta las dos circunstancias antes mencionadas, y la falta de información necesaria para que los consejeros podamos construir una opinión sustentada sobre la actual operación del transporte en nuestra metrópoli, en Consejo Cívico consideramos que sería irresponsable aprobar un aumento de tarifas del transporte urbano.
Quienes integramos el Consejo Estatal de Vialidad y Transporte debemos contar con información clara sobre las actuales condiciones del sistema, tal como lo indica la normatividad vigente al hacer referencia al Sistema Estatal de Información y Registro de Transporte (artículos 88 y 89 de la Ley). Esta información debería de estar en datos abiertos, y presentarse mínimo trimestralmente en las reuniones de Comisiones del Consejo.
Antes de plantear un incremento en las tarifas de transporte público, solicitamos que el Gobierno estatal lleve a cabo, con los permisionarios, una firma de compromisos claros en los que se incluya la renovación y revisión de unidades, así como otras acciones enfocadas a la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio brindado; incluyendo tiempos, costos y responsables. Estos compromisos deberán de tener metas bien definidas, y la tarifa sería sujeta a modificación en caso de que no se cumplan.
De la misma manera, pedimos que se ponga en marcha un plan para eliminar en una fecha determinada y próxima, el pago en efectivo del transporte; y promover el uso generalizado de una tarjeta de prepago que pueda arrojar datos claros sobre aforos en cada una de las rutas urbanas.
Finalmente, se requiere de un debate público amplio sobre la legislación en materia de movilidad urbana, que incluya la definición de una nueva política tarifaria, con visión integral; que tome en cuenta aspectos que hagan más accesible este servicio a la población, y que incluya compromisos financieros del gobierno estatal y de los municipios para el sector transporte, así como el compromiso por parte de los transportistas para mejorar la calidad en el servicio.