“Percepción es realidad”.- Lee Atwater
¿Cuánto vales para la democracia? Si nacemos libres, iguales y con el mismo derecho a participar en la vida pública, expresar nuestras opiniones y organizarnos, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿hay alguien que valga más o menos que tú?
La respuesta es no. Y un ejemplo de Nuevo León lo demuestra:
A finales de 2016, el gobierno de “El Bronco” publicó una ley sobre la atención a personas con autismo, la cual fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) meses después porque el Congreso local no realizó la consulta adecuada a las personas afectadas, como exige la ley internacional. En 2020, ambos poderes lo intentaron de nuevo, e igualmente la Corte echó atrás la legislación por la misma razón: la consulta no cumplía con los estándares de los derechos de las personas con discapacidad.
Tres años y varias mesas de trabajo después, en 2023, Nuevo León finalmente publicó su Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y otras Condiciones de la Neurodiversidad, la cual incluyó la voz de quienes se beneficiarían de dicha legislación.
Lo anterior es testimonio de que en una democracia con instituciones sólidas, la justicia prevalece, y que la participación ciudadana activa se ejerce como un derecho y una responsabilidad para influir directamente en asuntos que nos afectan como sociedad.
Para entender mejor la “participación ciudadana”, otro ejemplo de Nuevo León:
En julio de 2023, sin tomar la opinión de persona expertas ni la integridad de 800 especies de flora y fauna, el gobierno de Samuel García, por órdenes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), introdujo maquinaria pesada en el lecho del Río Santa Catarina para arrancar la vegetación con el objetivo de minimizar daños por desastres naturales. Gracias a la colectividad representada en #UnRíoEnElRío, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión para impedir la tala de árboles, pues no hubo consultas públicas ni tampoco se evaluó el impacto ambiental, las afectaciones a la calidad del aire o nuestro derecho a un medio ambiente sano. Casi un año después, esa vegetación frenó la corriente de agua que llenó el río con el paso de la Tormenta Tropical “Alberto” y evitó mayores desastres.
Con esto queda claro que la participación ciudadana no es un cliché y es más que un recurso para ganar amparos o la razón por la que alguien sale a votar cada tres años: es el resultado de nuestra propia evolución.
En El Mono Desnudo (1967), Desmond Morris examina a los humanos desde una perspectiva zoológica y evolutiva, enfocándose en cómo nuestra naturaleza social, desarrollada para sobrevivir en grupos, ha llevado a los humanos a organizarse y actuar colectivamente. Dicho instinto colectivo es la piedra angular de lo que hoy es nuestra participación ciudadana, y ninguna legislación podría extraerlo de nuestro ADN.
Aunque pareciera que las recientes reformas al Poder Judicial le dan la razón al Informe Latinobarómetro 2023, que señala una caída en el respaldo a la democracia entre 2020 y 2023 del 43% al 35%, un aumento en el apoyo al autoritarismo del 22% al 33% y el crecimiento en la indiferencia hacia el tipo de régimen del 26% al 28%, estos números reflejan lo que pasa en este momento, pero no necesariamente deben definir nuestro futuro. Eso depende de nosotros y de nuestra participación.
Construimos un futuro democrático por medio de nuestra participación constante y creciente en asuntos públicos de interés ciudadano. Siendo cada vez más exigentes para que existan políticas públicas que garanticen nuestro bienestar, e interesádonos cada vez más para que éstas sean incluyentes. Participando en los ejercicios de consulta ciudadana, juntas de vecinos, retomando espacios públicos, manifestando nuestras opiniones y necesidades, defendiendo la libre expresión y buscando el bien común.
Por medio de la participación ciudadana definimos los límites de nuestra democracia y evolucionamos como sociedad, pero para ello es necesario defender las instituciones que la conforman y los procesos que involucran la voz y la voluntad de la ciudadanía.