Monterrey, Nuevo León, a miércoles 05 de julio de 2023. La arquitectura institucional propuesta por la sociedad civil organizada para una verdadera autonomía e independencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en la práctica ha resultado todo lo contrario al ser usada como un coto más de poder entre el poder Legislativo y el Ejecutivo.
La reciente propuesta de reforma al artículo 125 de la Constitución de Nuevo León para que sea el Ejecutivo Estatal quien realice el nombramiento del Fiscal General de Justicia del Estado atenta contra la autonomía de la institución y es un grave retroceso para procurar justicia de manera imparcial.
Uno de los principales desafíos de Nuevo León, y el resto de México, es contar con instituciones de justicia verdaderamente autónomas y profesionales, que desarrollen una trabajo sin sesgos para garantizar el acceso a la justicia, reducir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana. Es por ello que es primordial que esta reforma que vincula el nombramiento del Fiscal General a voluntad de quien esté a cargo del gobierno, no se lleve a cabo.
La nueva Ley Orgánica para la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aprobada en 2017 sentó las bases para que esta institución no forme parte del gabinete, pero que tampoco el nombramiento de su titular dependa del Congreso, precisamente para dejar de ser un espacio de poder en el que diversos actores mantienen cotos de poder para proteger sus intereses políticos o partidistas. Es indignante, que en la práctica, este objetivo no se haya cumplido.
A nueve meses de la salida del anterior Fiscal, nos preocupa que el Gobierno estatal, el Congreso local, y sus partidos políticos, mantengan la pugna por el control de la Fiscalía General de Justicia a través del nombramiento de su titular, quedando la comunidad como la parte más perjudicada.
A la fecha, el manejo que ha tenido el Congreso para el nombramiento del nuevo Fiscal, y la reciente propuesta del Ejecutivo estatal para modificar el mecanismo de nombramiento, atentan contra el avance que la sociedad civil organizada en México ha impulsado a favor de la autonomía de las Fiscalías en el país.
La designación de altos cargos en el sector justicia deben darse bajo verdaderas garantías que favorezcan el escrutinio público y la toma de decisiones basada en altos estándares de competencia e idoneidad para el puesto, y también bajo condiciones de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad necesarios para esta designación pública.
Exigimos al Gobierno de Nuevo León, al Congreso local y a sus partidos políticos, dejar que el proceso de nombramiento del Fiscal se dé bajo las condiciones de la legislación actual y garantizar la autonomía de la institución.
Alianza Cívica de Nuevo León AC
Alternativas Pacíficas AC
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
Consejo Cívico
La Democracia Participativa
Vertebra
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