Nuestra ciudad está rodeada de maravillosas montañas, la mayoría de ellas forman parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Es este parque y la sierra de Picachos los que proveen del 70% del agua que bebemos y estos bosques son los que filtran el aire que respiramos.
En el 2021 y 2022 se dañaron debido a incendios provocados por la mano del hombre más de 30 mil hectáreas de bosque principalmente en Santiago y Galeana. Apagar estos incendios nos costó como sociedad más de 150 millones de pesos, sin contar la pérdida en hogares, salud e infraestructura. Nos costará mucho más lograr que esos bosques vuelvan a filtrar el aire y proveernos agua limpia. El proceso de recuperación de las zonas incendiadas nos tomará años.
Cada día nuestras áreas silvestres son degradadas con nuevas urbanizaciones, sobrepastoreo, tala y turismo desordenado.
La reciente normativa anunciada por el gobierno del estado, que regula el uso de vehículos todo terreno utilitario (razors) es sólo uno de los tantos ordenamientos que se requieren para mantener nuestra fuente de agua y otros servicios de la naturaleza.
La normativa prohíbe el uso de estos vehículos fuera de los caminos y en los cauces de ríos y arroyos. Entendemos que los razors son necesarios para transportar y transportarse en caminos no pavimentados. También son una opción para expediciones, diversión o actividad cinegética, pero su uso descontrolado y sin regulación nos pone en riesgo a todos.
Existen sólidas evidencias técnicas que comprueban que estos vehículos fuera de caminos generan erosión, aumentan los riesgos de incendios, destrozan sitios de recuperación o reforestación, emiten importante contaminación, molestan con ruido excesivo y generan riesgos a la población local.
Este es un año particularmente seco que requiere regular el acceso a zonas remotas y cuidar en extremo nuestras fuentes de agua.
La publicación del decreto tiene el objetivo de poner como prioridad la conservación de la naturaleza y con ello el bien común. Desconocer la realidad de esta situación extraordinaria, para insistir con argumentos simplistas que se pueden seguir las actividades recreativas de manera “normal”, es un atentado a nuestra seguridad como habitantes de Nuevo León.
Ante situaciones extraordinarias se requieren acciones extraordinarias: Respaldamos totalmente la decisión del gobierno del estado de regular esta actividad recreativa en zonas silvestres.
Exigimos a nuestras autoridades de los tres órdenes de gobierno a continuar con la transformación de nuestro estado y evitar actividades de riesgo en nuestras áreas silvestres cuyos costos son mucho mayores que el beneficio que pregonan. Exigimos acciones adicionales de política pública que privilegien el tránsito a una sociedad sostenible y humana, a un estado competitivo y abundante. Sólo así será Nuevo León el mejor estado para vivir. Sólo así habremos cumplido como autoridades y sociedad con la presente y futuras generaciones.
Basta ya de defender lo indefendible y robarle futuro a las niñas, niños y jóvenes de nuestro estado poniendo pequeños grupos de interés por encima de la comunidad y el ambiente.
La salud y futuro de nuestras comunidades y nuestra ciudad, y nuestro derecho a un medio ambiente sano no puede supeditarse a la recreación de unos cuantos.
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