Monterrey, Nuevo León, a viernes 4 de febrero de 2022. Desde el inicio de la actual administración, el gobierno estatal ha dado a conocer numerosas irregularidades en el funcionamiento de las empresas públicas del estado de Nuevo León, y de ciertos órganos desconcentrados. En especial, Agua y Drenaje, Metrorrey, y el Instituto Estatal de Movilidad.
A pesar de que dichos organismos cuentan con juntas de gobierno, consejos de administración y órganos de gobernanza o de consulta con participación de organizaciones de la sociedad civil, el manejo y la toma de decisión de los mismos se suele hacer en la opacidad. Esto se ha evidenciado una vez más al ventilarse el caso de los 24 vagones remanufacturados del Metro.
En su momento, la propuesta de comprar vagones usados y remanufacturarlos fue presentada por el director de Metrorrey Manuel González Fernández al Consejo de Administración, como un proyecto que permitiría contar rápidamente con vagones para ayudar a reducir la saturación de las líneas 1 y 2 del Metro. Esa propuesta se presentó como la más económica y rápida de implementar, que la compra de vagones nuevos.
La realidad dista mucho de la información que se presentó y entregó a los miembros del Consejo de Administración de Metrorrey. Los funcionarios públicos que encabezaron Metrorrey ocultaron información sobre costos reales, así como los problemas técnicos encontrados una vez que entregaron los vagones a la empresa. Pese a que las primeras unidades llegaron desde finales del 2020, nunca pudieron ponerse en marcha, situación que se ocultó al Consejo de Administración.
Las situaciones en Agua y Drenaje y en el Instituto Estatal de Movilidad son similares. Tal es el caso de la licitación de autobuses para las rutas Express que siguen sin ser entregados al Estado, tema que tampoco había sido reportada a la Junta de Gobierno.
Estos hechos indignan a toda la comunidad en Nuevo León. Es evidente que los organismos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción no han dado muestra de eficiencia en la atención de los casos que se denuncian ante ellas. Muchas de las irregularidades señaladas por la actual administración, por ejemplo, nunca fueron detectadas ni investigadas por la Contraloría estatal ni por la Auditoría Superior del Estado. Sin mencionar a la Fiscalía Anticorrupción que tampoco ha logrado que los casos que presenta ante el Poder Judicial terminen en sentencias o en reparación del daño a la hacienda pública.
Por ello, desde Consejo Cívico exhortamos al nuevo gobierno de Samuel García a reformar de manera profunda la gobernanza de dichas empresas y organismos, para lograr que se administren con total transparencia, con profesionalismo, y rindiendo cuenta a la sociedad de cada peso invertido en ellas, así como su la rentabilidad y eficiencia.
Exhortamos al gobierno estatal a realizar todas las auditorías forenses e investigaciones necesarias para constituir expedientes sólidos, y presentar denuncias penales, e indagar desde la Contraloría estatal cada uno de estos casos y determinar sanciones administrativas ejemplares. A la Fiscalía Anticorrupción y a la Auditoría Superior, les exigimos integrar los expedientes que permitan llegar a castigar a los responsables, y resarcir el daño a la hacienda pública. La ciudadanía de Nuevo León está harta de tener gobernantes y funcionarios públicos que roben a manos llenas sin que jamás haya consecuencias.
Foto de Metrorrey.