Comunicados

Reprobamos prácticas del ‘viejo Nuevo León’ en la nueva administración

Monterrey, Nuevo León a 3 de noviembre de 2021. Consejo Cívico rechaza la forma de operar de los consejos de administración, convocando a reuniones extraordinarias el mismo día y sin un análisis técnico previo de los temas a tratar en sus órdenes del día; una dinámica de trabajo que la actual administración está obligada a cambiar si realmente tiene la voluntad de construir un ‘nuevo Nuevo León’. 

La mañana de este martes, apenas una hora previa a la reunión, nuestra organización recibió la convocatoria a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, fijada para este 3 de noviembre a las 12:30 horas. 

Es inaceptable que en el orden del día de la sesión se pretendía la aprobación de un contrato de arrendamiento de 800 camiones para prestar el servicio de transporte público por parte del Instituto de Movilidad, sin contar siquiera con un análisis de costo-beneficio ni la certeza de que la renta de unidades sea la solución a la crisis profunda del transporte público que padecemos. 

Luego de la solicitud de varios consejeros en la reunión de este miércoles, el Secretario de Movilidad de Nuevo León aceptó posponer la discusión del contrato de areendamiento de las unidades urbanas para la próxima sesión. 

Esta dinámica de trabajo la padecimos y denunciamos ampliamente durante todo el sexenio pasado, y los ciudadanos no debemos permitir que los vicios del ‘viejo Nuevo León’ sigan prevaleciendo en los Consejos de Administración del Instituto de Movilidad ni de Metrorrey. 

La nueva administración estatal tiene la obligación de establecer nuevas formas de trabajar, con transparencia, con una gobernanza seria y profesional que permita tomar decisiones fundamentadas y respete la disposición de la ciudadanía de participar en estos consejos de administración.   

Desde Consejo Cívico consideramos que este cambio solo podrá venir de una verdadera convicción del Gobierno estatal que la nueva gobernanza del siglo XXI demanda servidores públicos y ciudadanos en espacios de diálogo y co-creación efectiva, con apertura y legalidad, no usando estos órganos de representación ciudadanos solamente para legitimar decisiones cuestionables.   

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