Hemos tomado la decisión de no emitir cartas de recomendación o respaldo para ningún aspirante a las Fiscalías…
Monterrey, Nuevo León, a 18 de enero de 2018. El perfil de quien aspira al cargo de las Fiscalías de Nuevo León, piezas medulares del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), debe estar apegado a los principios de autonomía y cumplir con las bases establecidas en la convocatoria lanzada por el Congreso local.
Desde Consejo Cívico consideramos que para resolver los problemas de fondo en materia de justicia y recobrar la confianza ciudadana, se requiere de instituciones eficientes, confiables e independientes de los intereses de cualquier otro órgano o poder.
Es por eso que desde nuestra institución reiteramos una total imparcialidad en los procesos de selección de quienes aspiran a ocupar un cargo en el servicio público, considerando que uno de los nuestros roles es el de fiscalizar y exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades.
Con el fin de evitar cualquier conflicto de interés con el futuro fiscal, hemos tomado la decisión desde nuestro Consejo Directivo de no emitir cartas de recomendación o respaldo para ningún aspirante a la Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Electoral, o cualquier otro puesto de gobierno cuyo carácter no sea ciudadano.
En cambio, reiteramos nuestro compromiso de impulsar candidaturas de ciudadanos a órganos que tengan este carácter, como lo hemos hecho para el Grupo de Acompañamiento Técnico, o el Comité de Selección del SEA, considerando que es un deber y obligación de los los mismos participar en los espacios de representación ciudadana creados por Ley.
Es así que ante la inminencia del proceso de selección en marcha, nos unimos a las consideraciones de la Fundación para el Debido Proceso, organización internacional cuyo objetivo es promover el Estado de derecho en América Latina, respecto a los elementos mínimos para ser Fiscal:
- Reconocida honorabilidad. Conducta ética irreprochable y alta calidad moral, que no pueda ser objeto de condenas, señalamientos, denuncias u objeciones éticas, y que sea reconocida públicamente.
- Conocimiento legal sobresaliente. Alto nivel de conocimiento del Derecho Penal y Administrativo, así como de diversos aspectos de la investigación criminal y materias afines.
- Independencia e imparcialidad. Ausencia de vínculos, actuales o pasados, que generen la apariencia de falta de independencia y puedan afectar la confianza en la institución que representa.
- Experiencia y conocimiento del Sistema de Justicia Penal. Reconocida trayectoria profesional que revele conocimiento práctico del sistema y que, además, haya sido coherente y respetuosa de los derechos humanos.
- Compromiso con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Trayectoria de vida que comprenda muestras concretas de defensa de estos valores.
- Transparencia en la actuación. Conocida disposición a hacer públicas su decisiones y a dar cuenta a la ciudadanía de los actos funcionales en los que interviene.
- Capacidad de interlocución con otros actores y usuarios del Sistema. Capacidad para relacionarse con altos funcionarios gubernamentales, expertos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general; así como la sensibilidad y capacidad de interlocución con las víctimas.
- Conocimiento de los principales desafíos institucionales del Sistema de Procuración de Justicia. Conocimiento crítico de los principales problemas del manejo y administración de recursos humanos y financieros.
El Comité de Selección y el Congreso del estado se enfrentarán a la tarea esencial de valorar la experiencia y trayectoria de cada candidato de manera objetiva, para garantizar que se haga una selección exhaustiva en busca del perfil idóneo que la naturaleza de las Fiscalías amerita.
Desde la sociedad civil organizada estamos al pendiente del proceso, de los planes de trabajo de los titulares de las Fiscalías e insistentes de que las nuevas autoridades ataquen de manera frontal el grave problema de impunidad que enfrentamos en materia penal, electoral y anticorrupción.