Monterrey, Nuevo León a 23 de agosto de 2026.- La certeza jurídica, la atención oportuna, la agilización de trámites y la actuación transparente de las autoridades son obligaciones del Estado. Cualquier iniciativa orientada a fortalecerlas debe traducirse en mejores condiciones para todas y todos, no en beneficios reservados para quienes colaboran económicamente con el gobierno.
El pasado 21 de agosto, el Gobernador de Nuevo León anunció la institucionalización del programa «Ponte Nuevo», un esquema de colaboración público-privada nacido en el contexto del Mundial 2026, en el que empresas y cámaras empresariales aportaron recursos para proyectos de imagen urbana, movilidad y desarrollo social. Como parte de este anuncio, el Gobernador se refirió a un «trato preferencial» para las empresas participantes, que contempla la agilización de trámites y permisos, así como un canal de atención directa ante posibles irregularidades en la actuación de servidores públicos:
«Ante cualquier acto de molestia del Estado, cualquiera, fíjense lo que digo, SAT, Medio Ambiente, Inspección Laboral, el que sea, Fuerza Civil, cualquier competencia de Samuel, del Estado, ustedes tienen un trato preferencial porque ayudaron a Nuevo León a ser su mejor versión.»
Se anunció que estos beneficios se formalizarán mediante un decreto del Ejecutivo.
Desde el Consejo Cívico reconocemos el valor de la colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para atender los retos de Nuevo León. En nuestro estado, esa colaboración es tradición y orgullo: empresas, cámaras, organizaciones y ciudadanía hemos contribuido históricamente al desarrollo colectivo porque el bienestar de Nuevo León nos beneficia y nos preocupa a todas y a todos. Esa corresponsabilidad es parte de lo que nos define como comunidad y no debería requerir un trato diferenciado a cambio.
Es importante que el alcance de lo anunciado quede claramente definido. Un Estado que funciona bien —que agiliza trámites, que no tolera el cohecho, que atiende con oportunidad— debe serlo para todas las personas, no solo para quienes participan en un programa.
En este sentido, hacemos un llamado al Gobierno del Estado a eliminar las barreras que enfrentan las personas y empresas en su interacción con las autoridades, y a garantizar que la agilización de trámites, el combate a la corrupción y la certeza jurídica beneficien a todas y todos por igual, sin que su acceso esté condicionado a la participación en ningún programa ni a aportaciones económicas.
Nuestro estado merece un gobierno que funcione bien y en igualdad de condiciones para todas las personas.