En Nuevo León aún existe la posibilidad de ir a prisión por ejercer la libertad de expresión. Esto sucede porque nuestro marco legal mantiene figuras penales como la calumnia, la difamación y las injurias, que en otros estados ya han sido reformadas para que los desacuerdos sobre el honor se resuelvan en la vía civil. Frente a esta realidad, surge Despenalizando la Palabra, un colectivo estratégico, apartidista y con alto rigor técnico, integrado por organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, academia y ciudadanas y ciudadanos comprometidos.
La propuesta es impulsar una reforma integral al Código Penal del Estado, al Código Civil y a la Ley de Profesiones. Esto implica derogar los llamados delitos contra el honor —como calumnia, difamación e injurias— y modificar figuras de redacción ambigua, como halconeo, desobediencia y revelación de secretos, que han servido para hostigar a quienes ejercen su derecho a informar o manifestarse. También busca reconocer el secreto profesional periodístico como una protección legal, limitar el actuar del Ministerio Público y el Poder Judicial en casos relacionados con libertad de expresión y trasladar las controversias sobre el honor a la vía civil, tal como lo recomiendan las normas nacionales e internacionales.
La urgencia es evidente. Nuevo León es uno de los únicos tres estados del país que mantienen la penalización de estos delitos, lo que nos coloca en contradicción con los estándares internacionales, los tratados firmados por México y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mantener esta situación perpetúa la censura y la autocensura, inhibiendo el ejercicio pleno de derechos fundamentales.
La reforma que impulsa Despenalizando la Palabra tendría un impacto profundo: armonizaría nuestra legislación con los principios del sistema interamericano y nacional de derechos humanos, fortalecería la democracia al impedir que el derecho penal se utilice para callar voces críticas, y ofrecería seguridad jurídica a periodistas, medios de comunicación, ciudadanía organizada y autoridades. Sería también una señal clara del compromiso del Congreso local con la protección de derechos y con un estado de derecho sólido.
No estamos solos en esta causa. El proyecto cuenta con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y está conformado por organizaciones como Accionario, Amnistía Internacional, Artículo 19, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comité Ecológico Integral, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, Huaperros, Iniciativa Manifiesta, México Evalúa, Propuesta Cívica, Red de Periodistas del Noreste, Verificado MX, Zihuame Mochilla, y el acompañamiento de activistas y periodistas de Nuevo León y la región noreste del país. Juntas, estas voces llaman al Congreso de Nuevo León a abrir un diálogo técnico con Fiscalía y actores clave, a impulsar la iniciativa en comisiones y a garantizar una ruta legislativa libre de intereses partidistas, con enfoque en derechos humanos.
Despenalizar la palabra es una transformación necesaria para que el miedo, la persecución y el silencio no tengan cabida en nuestra vida democrática. Es, sobre todo, una invitación a construir un Nuevo León más libre, más justo y más abierto al debate público.
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