Monterrey, Nuevo León, a sábado 23 de marzo de 2019. La actual crisis del transporte público en el estado, que se agudiza desde el año pasado, no es más que una consecuencia de la omisión del Gobierno estatal al no actuar a tiempo, ni con una visión sistémica, y de no aplicar las leyes vigentes en la materia.
Desde la administración de Rodrigo Medina, y continuando en estos tres años de administración de Jaime Rodríguez, el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad no ha tenido un funcionamiento adecuado, ni apegado a las leyes y reglamentos existentes. Ejemplo de ello está la ausencia desde hace años de un Presidente de este Consejo, cargo que es honorífico y debe de ser ocupado por un ciudadano.
El Consejo es el espacio encargado de “servir como foro de concertación para conciliar y equilibrar las opiniones y los beneficios de los sectores público, social y privado, en la discusión, análisis y solución de la problemática relativa al servicio público de transporte y de la vialidad”, de acuerdo el artículo 9 fracción I de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.
Como ya lo hemos señalado en repetidas ocasiones, al no sesionar adecuadamente este Consejo, y al acaparar funciones y atribuciones de manera indebida la Agencia Estatal de Transporte, hemos llegado a una crispación entre los principales actores del sistema: autoridad reguladora, prestadores del servicio y usuarios.
Mientras el artículo 15 de la mencionada Ley especifica que “previa convocatoria, el Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez dentro de cada trimestre del año calendario”, es patente que en los últimos tres años, este órgano no ha sesionado más de una vez en pleno. Esto es el botón de muestra de la falta de disposición a fomentar un ambiente de diálogo entre actores involucrados, sobre los retos de todo el sistema de movilidad en nuestra área metropolitana.
Ante este escenario de crisis, que resta competitividad y calidad de vida en nuestro estado, los funcionarios públicos quienes por su inacción, han provocado que se llegue a estos extremos, deben de ser investigados y sancionados acorde con la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a nivel nacional.
En la actual situación, consideramos que se deben de tener mesas de diálogo y acuerdos permanentes convocadas por el Consejo a un amplio público de actores interesados e involucrados, incluyendo expertos, para llegar a soluciones que sean positivas para los usuarios primero y prestadores de servicio.
Si el actual gobierno estatal no aprovecha la crisis actual para operar una profunda reestructuración, con visión integral y de largo plazo, será recordado por muchos años como el arquitecto del inminente desastre en materia de movilidad.
