Coincidimos en la exigencia de solucionar la crisis penitenciaria como parte de un plan integral para garantizar la paz y la justicia en Nuevo León.

Foto: sdpnoticias

Monterrey, Nuevo León, a 20 de octubre de 2017. Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben este comunicado coincidimos en la exigencia de solucionar la crisis penitenciaria como parte de un plan integral para garantizar la paz y la justicia en Nuevo León.

En marzo de 2015, Jaime Rodríguez Calderón firmó y se comprometió ante Renace y otras organizaciones civiles a cumplir 10 compromisos, que permitan una transformación integral del sistema penitenciario, buscando asimismo la reinserción social.

Los repetidos hechos violentos en los penales, y la situación crítica de los internos en lo cotidiano, comprueban el poco avance en el cumplimiento de esta agenda de acuerdos firmados en campaña. Por lo mismo, reiteramos que es indispensable atender el hacinamiento y la sobrepoblación, así como mejorar las condiciones materiales y de higiene de los internos; resolver el déficit de custodios y garantizar programas de reintegración.

Se ha hecho evidente además, la ausencia de protocolos de intervención en situaciones violentas, y el poco entrenamiento de los encargados de garantizar la seguridad interna. Por lo tanto, emitimos las siguientes demandas:

Pedimos a los funcionarios responsables por Ley de la atención penitenciaria en el estado, que respondan directamente por los hechos suscitados en el Penal de Cadereyta.

Pedimos al Estado que informe de manera transparente sobre el número de decesos, y lesionados a la fecha, así como sus condiciones de salud.

Los reportes de las asociaciones y Comisión Estatal de los Derechos Humanos apuntan a la urgencia de una atención médica y psicológica a los internos lesionados al interior del Penal de Cadereyta.

Por ser garantes de los derechos básicos de las personas recluidas en los penales, es necesario que las autoridades provean del debido acompañamiento a quienes perdieron a un familiar en los hechos, así como la reparación del daño apegadas a la Ley General de Víctimas.

Pedimos al gobierno en turno la presentación de un plan de trabajo con ruta crítica clara para atender la problemática de los penales y contar con soluciones sostenibles en el largo plazo, para evitar que se sigan repitiendo estas situaciones. Que este plan se establezca con el acompañamiento de las organizaciones civiles que llevan años trabajando con los internos, y conocen la problemática de los penales, pero también con las autoridades federales que tienen una responsabilidad en este asunto.

Asimismo, las organizaciones que firmamos este posicionamiento instamos a las autoridades de Nuevo León a deslindar responsabilidades a través de una investigación objetiva y seria sobre los hechos violentos en el Penal de Cadereyta, siempre apegadas a derecho.

SUSCRIBEN:

❍ Consejo Cívico

❍ Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac)

❍ RENACE ABP

❍ Avance por los Derechos de México AC

❍ Familia Digna AC